“Velamos por la profesión médica, por su ejercicio ético en condiciones laborales dignas y justas y por
la salud de los colombianos”.

Artículo 3º. Estatutos. Capítulo I

Órgano asesor y consultivo del Estado en materia de salud pública desde 1935 (Ley 67 de 1935 y Ley 23 de 1981).

Desde la presentación de la reforma han aparecido voces en defensa del sistema de salud actual y en especial de las EPS, argumentando que existe amplia cobertura, articulación, libertad de escoger profesionales y acceso de la población de escasos recursos a clínicas con tecnología de punta. Temas que, sin duda no se pueden negar en las zonas económicamente más activas de buena parte de las grandes ciudades; el proyecto del Pacto Histórico ha significado volcar la mirada a las zonas marginales de las grandes ciudades y a las regiones apartadas, urbanas y rurales, en donde la realidad no es igual.

Las cifras del ministerio de Salud (2021) revelan, por ejemplo, que el total de camas de cuidado intensivo por 10.000 habitantes en Bogotá es de 2,5; en el Valle del Cauca es de 2,29 mientras que, muy por el contrario, en Nariño es de 1,20; en Boyacá es de 0,88; en el Chocó 0,40; Arauca 0,30 y en los casos extremos de Guaviare, Vichada, Vaupés Guainía y Amazonas no cuentan con ninguna.

La atención prenatal por parte de un profesional médico a mujeres embarazadas en esas mismas regiones no pasa del 70%:  en el Chocó llega al 68,4%, en el Guaviare al 65,8%, Amazonas con el 56,3%, en el Vichada al 48,4%, en el Vaupés al 37,9% y en el Guainía 33,4%.

Otros datos que muestran el diametral contraste, es el del número de Ambulancias por cada 10.000 habitantes; mientras en Bogotá es de 885, en el Valle del Cauca 735 y en Antioquia de 710, muy por el contrario, en Quindío es de 77, Arauca con 55 y Amazonas con 1.

La lista podría continuar explicando el hecho de que en Colombia, por cada 100 niños menores de 5 años, 12,5 presentan desnutrición crónica, siendo esta la peor cifra en el grupo de países de la OCDE según el Índice Nacional de Salud, lo cual ha llevado a que en el año 2021 se observara un total de 306 defunciones debido a Mortalidad por Desnutrición en niños y niñas menores de 5 años. La tasa muestra un incremento progresivo desde el año 2016, pasando de 14,5 defunciones por 1.000 nacidos vivos a 16,0 en 2021 según el DANE, mientras que la Organización Panamericana de la Salud indica que es de 18,1; muy alta con respecto a otros países latinoamericanos como Ecuador que es de 12,4, Brasil con 14,0, México con 13,7; Chile con 6,7 o Cuba con 5,1.

Pero este no es el único indicador que nos pone en último lugar de la OCDE, también somos los últimos en la lista en Mortalidad Infantil, Mortalidad por Dengue, Incidencia en Sífilis Congénita, entre otras además de que algunas regiones del país presentan cifras preocupantes en mortalidad de maternas o mortalidad por cáncer de cuello uterino especialmente en Arauca, Meta, Caquetá y Casanare, departamentos con una amplia ruralidad, por lo que se evidencia un problema de acceso a los servicios o acciones efectivas de promoción y prevención. (INS,2020)

Con sólo estas cifras se demuestra que en las regiones es donde las desigualdades e injusticias sociales se sienten con mayor severidad y ponen en evidencia una gran vulneración del derecho a la salud y la vida; las cifras de salud en esas zonas y regiones cambian por completo al compararlas con las de las ciudades. No puede llamarse a un sistema eficiente cuando a unos les garantiza los servicios y a otros se los niega pues, además, raya con el principio constitucional de igualdad para todos los colombianos, no se puede llamar eficiente a un sistema de Salud que le garantiza la vida a unos y a otros los condena a la muerte.

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Por: Diego Camilo Figueroa
Oficina de Comunicaciones
Federación Médica Colombiana