“Velamos por la profesión médica, por su ejercicio ético en condiciones laborales dignas y justas y por
la salud de los colombianos”.

Artículo 3º. Estatutos. Capítulo I

Órgano asesor y consultivo del Estado en materia de salud pública desde 1935 (Ley 67 de 1935 y Ley 23 de 1981).

Las asociaciones médicas y sindicatos piden al Congreso votar positivamente la medida.

Más de 130 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas asociaciones médicas y sindicatos del sector, reafirmaron este lunes su respaldo a la reforma al sistema sanitario que adelanta el gobierno de Gustavo Petro.

A través de un comunicado de prensa, miembros del Comité de Impulso de la Cumbre Social y Política por la Reforma al Sistema de Salud expresaron su apoyo al proyecto de ley que buscará en las próximas semanas reformar la salud en el país.

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Se trata de más de 130 organizaciones, entre asociaciones médicas y de enfermería; de pacientes; centrales obreras; estudiantes, sindicatos y trabajadores del sector salud.

Los colectivos sociales insisten en la necesidad de hacer cambios estructurales en el sistema de salud para corregir las múltiples fallas que, según ellos, han llevado a una crisis sanitaria en el territorio nacional.

Colombia requiere hacer varios cambios en el sistema de salud que beneficien no solo a los usuarios y pacientes, sino también a los trabajadores y las trabajadoras del sector, que durante las últimas tres décadas han visto precarizadas sus condiciones laborales”, le dijo a EL TIEMPO Francisco Castellanos, director de la Organización para la Defensa del Paciente y miembro del Comité.

De acuerdo con las sociedades, algunos puntos claves que quieren defender en el marco de esta reforma son el fin de la intermediación financiera de las EPS, la dignificación de las condiciones laborales del trabajadores y trabajadoras, el establecimiento de un modelo predictivo y preventivo de salud.

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El Estado tiene que intervenir para que no ocurra un colapso.

Asimismo, resaltaron la garantía de un acceso equitativo de los pacientes a los servicios y la “recuperación de la rectoría del sistema en cabeza del Ministerio de Salud”.

Ana María Soleibe, quien hace parte de la Corporación Latinoamericana Sur y también es miembro del Comité, opina que uno de los pilares de la reforma debe ser la eliminación de la intermediación financiera, que “ha sido dañina para el sistema”.

“El Estado tiene que intervenir para que no ocurra un colapso. No hay sentido en transferir recursos públicos a intermediarios privados si realmente no están cumpliendo con su función contractual“, manifestó Soleibe en conversación con EL TIEMPO.

Asimismo, hizo énfasis en el riesgo financiero que, según ella, ha desatado el no pago de servicios prestados a las IPS, que “genera un desequilibrio en las finanzas y repercute en la atención de los pacientes”.

Según el Comité, esta afectación a los usuarios del sistema de salud se evidencia en las quejas que recibe la Superintendencia de Salud, pues un gran porcentaje de ellas son por riesgo de vida: “Tener cobertura, tener carnet o estar afiliado al sistema, no significa necesariamente tener acceso”.

En la misma línea, las organizaciones consideran fundamental que los cambios que se hagan con este proyecto implementen y reglamenten la Ley Estatutaria de Salud, “para que el derecho de las personas prevalezca sobre intereses económicos de algunas empresas que han venido lucrándose durante esas décadas”, dice Castellanos.

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También destacaron el trabajo que han adelantado en torno a la formulación de una propuesta de reforma estructural al sistema de salud durante más de 10 años, en un trabajo conjunto  con la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760.

En ese sentido, Jiomar Estefanía Bohórquez, miembro de esta Comisión de Seguimiento, destacó en entrevista con este diario que esta es un proyecto que se ha trabajado de la mano de los actores del sector salud en Colombia, y se presentó a los candidatos a la Presidencia, incluido el ahora presidente Petro.

“Llevamos 10 años trabajando en esta propuesta específica, pero es un recopilado de, por lo menos, 20 años en donde se ha visto que se requerían reformas de lo que había en el estatuto legal colombiano, que es ahora la Ley 100, específicamente para salud”, precisó.

“Nos hemos enfocado todos estos años en revisar lo que hace falta para mejorar las condiciones de salud, no solo desde la atención al paciente sino de la promoción y prevención y la calidad de la contratación del personal de salud. Es una propuesta que viene construyéndose hace años con las necesidades y problemáticas que hemos visto en todas las líneas de salud. No es una improvisación“, señaló Bohórquez.

El Comité de Impulso Cumbre Social y Política por la Reforma al Sistema de Salud finalizó su comunicado invitando tanto a la población en general como al sector salud a apoyar el proyecto de reforma para que se convierta en ley.

“Esperamos que el Congreso de la República, dentro del ejercicio democrático y los debates a los que será sometida esta propuesta y este proyecto de ley, dé una votación positiva, para que por fin se haga realidad en el país el derecho a la salud y la seguridad social para los trabajadores del sector y las comunidades en los territorios”, agregó el director de la Organización para la Defensa del Paciente.

Por: Unidad Salud
Tomado de: Eltiempo.com