Los programas de prevención y rutas de atención han mejorado, pero aún les falta impacto.
En los últimos 9 años las políticas de salud pública en Medellín han sido más gasto que inversión.
Esa fue la conclusión a la que llegó la Contraloría General en un informe que evaluó, entre otros, la política pública para la atención de salud mental la cual reprobó, según advirtió, porque a pesar de haber tenido una de las inversiones más altas en el sector salud con $215.000 millones, sigue sin tener un impacto decisivo en indicadores como las tasas de suicidio. Entre 2012 y 2018, 868 personas en la ciudad y sus corregimientos decidieron quitarse la vida. Pero el periodo entre 2019 y el 30 de septiembre pasado ha sido más crítico con 511 casos, según cifras de Sivigila.
Justamente hace un mes, la Personería había lanzado una alerta por el aumento de las conductas suicidas en la ciudad con 1.458 intentos entre enero y septiembre de 2021, con zonas críticas como las comunas de Manrique, Robledo, Villa Hermosa y Belén.
Fortalecer las rutas
La doctora Yolanda Torres de Galvis, fundadora del Centro de Excelencia en Investigación en Salud Mental, dice que hay mucho campo por abarcar, pues apenas en la última década se han desarrollado los estudios base sobre salud mental en Medellín que han servido como punto de partida para los programas institucionales.
Sin embargo, al margen de los avances y rezagos de la ciudad, la investigadora resalta que es necesario asimilar que las problemáticas de salud mental han evolucionado en los últimos años en todo el mundo mucho más rápido que la comprensión que gobiernos y población tienen sobre esta.
En todo caso, apunta, las experiencias internacionales exitosas sugieren que los esfuerzos en salud pública deben orientarse principalmente hacia la prevención y esto requiere una mirada integral a la que aún la ciudad no llega.
Justamente para la psicóloga y doctora en lingüística, Claudia Fernanda Vásquez, quien ha asesorado a la Alcaldía y a Minsalud sobre estrategias de atención y promoción, en lo que se ha quedado corta la ciudad es en la articulación entre los sectores salud, educación y empresa privada. En estos dos últimos entornos, ante eventos como intentos de suicidio, aún se suele recaer en estigmatizaciones, pues profesores, jefes y compañeros no cuentan con los elementos necesarios para facilitar una adecuada remisión de la persona que requiere ayuda, explica la docente e investigadora.
Y esto ocurre, señala, a pesar de que la ciudad ha progresado hacia la disposición de rutas de atención, debido a que la difusión y sensibilización de estas sigue siendo insuficiente.
“Una de las conclusiones que nos han dejado los ejercicios realizados es que las madres comunitarias y líderes sociales en los barrios son un soporte fantástico para prevención y promoción en salud, y para garantizar factores de protección como las redes de apoyo. Pero todavía nos falta fortalecer todas estas rutas de las que ahora disponemos con apoyo de estas personas”, expone.
Al margen de los desafíos que plantea este balance, la profesora Vásquez pondera los progresos de la ciudad en la caracterización de factores de riesgo en diferentes poblaciones y protocolos de atención.
Resalta, por ejemplo, el manual elaborado en 2015 que ayudó a estructurar junto a la Alcaldía para atención con calidad a personas que presentan conductas suicidas, que no se quedó en el papel sino que fue el eje de capacitación a más de 30 IPS.
Hace un año el Concejo aprobó el Proyecto de Acuerdo 08 de 2020 que institucionalizó una nueva política pública de salud mental y adicciones derogando las acuerdos de 2005 y 2011 que, de acuerdo con Lina Bedoya, líder de la Unidad de Promoción y Prevención de la Alcaldía, estaban obsoletos frente a los retos actuales.
Con esta política pública se busca, según Bedoya, fortalecer la prevención de problemas en salud mental, tanto los individuales como los comunitarios, además de mejorar los programas de rehabilitación e inclusión y comprometer a otros sectores.
Actualmente la Alcaldía tiene ocho estrategias de atención en salud mental que hasta octubre habían beneficiado a más de 140.000 personas en las 16 comunas y 5 corregimientos.
La apuesta de la administración es llegar con equipos territoriales de atención familiar integral, que atienda los factores sanitarios y sociales particulares de cada comuna. Por ejemplo, mientras en algunas factores como las conductas suicidas y problemas de alimentación prevalecen, en otras, los mayores retos se relacionan con falta de servicios básicos. Descifrar los factores que subyacen tras las problemáticas de salud mental en la ciudad permitirá, plantean las expertas, revertir el diagnóstico adverso que dejó esta década según la Contraloría.
Foto: Carlos Velásquez
Por: Juan Felipe Zuleta Valencia
Tomado de: Elcolombiano.com
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