“Velamos por la profesión médica, por su ejercicio ético en condiciones laborales dignas y justas y por
la salud de los colombianos”.

Artículo 3º. Estatutos. Capítulo I

Órgano asesor y consultivo del Estado en materia de salud pública desde 1935 (Ley 67 de 1935 y Ley 23 de 1981).

La gran favorecida en esta especie de Baloto es la Nueva EPS que recibió un boyante costal de usuarios de 410.663 afiliados.

En la repartija a la que fue sometida la EPS Comparta como consecuencia de la medida de liquidación adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud, se le entregaron, a través de la polémica migración de usuarios, 410.663 afiliados, en 13 departamentos de Colombia, a la Nueva EPS.

A partir del 10 de agosto de este año, la Nueva EPS prestará servicios médicos a los usuarios en los departamentos de Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Magdalena, Santander, Cesar, Córdoba y Tolima, entre otros. “Contamos con una red de atención robusta y la cobertura necesaria, para ofrecer una atención integral a dicha población”, afirmó Mónica Rey Dueñas, vicepresidenta de operaciones de Nueva EPS”.

La Superintendencia Nacional de Salud, en una medida “salomónica”; entregó la “mercancía” es decir, los antiguos usuarios de la EPS Comparta, (que de manera soberana tienen el derecho de seleccionar a su gusto a qué EPS afiliarse) de la siguiente manera: a la EPS Comfaoriente en 5 departamentos del país, 26.673 afiliados, a la EPS Cajacopi, 178.485 afiliados en 13 departamentos, a la EPS Saludtotal, en 13 departamentos, 150.950 ciudadanos; a Sanitas EPS, 300.951 afiliados en 13 departamentos, a la EPS Compensar en 7 departamentos llegaron 33.437 usuarios, a EPS Suramericana en 3 departamentos les enviaron 16.724 pacientes; y a la EPS Famisanar en 8 departamentos de Colombia, 51.621 afiliados.

La gran favorecida en esta especie de Baloto en que la Superintendencia Nacional de Salud ha convertido el servicio de salud en Colombia, es la Nueva EPS que recibió un boyante costal de usuarios de 410.663 afiliados, al parecer, vendidos al mejor postor, en un lamentable y descarado espectáculo de trasteo de usuarios, al mejor estilo esclavista, para que los mal atiendan en otra Entidad Promotora de Salud –EPS-, sin que los afiliados puedan decidir, como es su derecho, si desean o no, afiliarse a la EPS donde los acomoda la SuperSalud.

Otras entidades incluidas en la repartija que la Supersalud hizo recientemente con la EPS Comparta son: EPS Salud Mia que en el departamento de Santander recibió 4.595 usuarios, la EPS Pijaos Salud en el Tolima recibió a 74 afiliados, la EPS Coosalud recogió 229.147 usuarios en 12 departamentos de Colombia y la EPS Mutal Ser, en 5 departamentos recibió a 112.349 afiliados.

El departamento que más sintió la desaparición de la EPS Comparta y sufre ahora el trasteo de la migración de usuarios es Boyacá con 195.254 afiliados, usuarios que fueron sembrados en 8 EPS. Le sigue el departamento de Norte de Santander con 194.892 ciudadanos que fueron endosados en siete EPS. En el departamento de Santander fueron reubicados 190.437 afiliados que fueron relegados en 10 EPS. Y en el departamento de Magdalena fueron trasteados 175.113 afiliados, quienes se van a sufrir los rigores de la crisis de la salud en Colombia en 8 EPS.

En total, la repartija de usuarios de la desaparecida EPS Comparta que autorizó la Superintendencia Nacional de Salud fue de 1.515.669 afiliados, que, como ovejas al matadero, fueron trasladadas de manera arbitraria e inconstitucional.

Como un paño de agua tibia Mónica Rey Dueñas, la vicepresidenta de operaciones de la Nueva EPS indicó: “Lo más importante que deben saber los afiliados que llegan a Nueva EPS, es que no tienen que realizar ningún tipo de procedimiento administrativo, el proceso es automático y no tienen necesidad de realizar ningún trámite adicional, sin embargo, es importante actualizar sus datos de contabilidad mediante los canales de la Compañía”.

Muy rápido los 1,5 millones de antiguos usuarios de la EPS Comparta, comenzaron a atravesar otras dificultades porque un juez de la República suspendió temporalmente la migración de usuarios que autorizó la Superintendencia Nacional de Salud a través de un juez de Málaga en el departamento de Santander.

Además, otros tres jueces promiscuos profirieron medidas cautelares, luego de recibir más de 40 tutelas que detuvieron temporalmente el traslado del millón y medio de usuarios hacia otras EPS.

En respuesta la Superintendencia Nacional de Saludobjetó las medidas de los jueces de Málaga en Santander y de San José de Pare en Boyacá, por creer que únicamente los tribunales tendrían la competencia para decidir sobre las decisiones proferidas por la Supersalud.

Dos de los jueces declararon nulidad y remitieron las tutelas para que un tribunal estudiara la decisión, argumentando errores y el desconocimiento de una reciente norma sobre los repartos de tutela, inscrita en el Decreto 333 del 6 de abril de 2021. Entretanto el juez de Málaga Miguel Roberto Flórez Prada decretó una medida provisional de suspensión a la liquidación ordenada por la Supersalud a la EPS Comparta.

En la Supersalud se especula que la diligencia de los jueces estaría mediada porque el ex presidente de la junta directiva de Comparta EPS, hoy liquidada, es oriundo del municipio de Málaga y la mayoría de los miembros del consejo de administración, incluido su representante legal, son del departamento de Boyacá y que los contenidos de las tutelas presentadas tenían el mismo formato y argumentos exactos.

De acuerdo con el Decreto 333 de 2021, las acciones de tutelas dirigidas, entre otros, contra las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud, relacionadas con intervención para administrar o liquidar deben ser conocidas, por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o los Tribunales Administrativos, situación que desconocieron abierta e ilegalmente los jueces.

En el caso en mención, se develaron algunas variables que llaman la atención. Éste es un proceso que descubre el juego de intereses que se barajan en medio de la crisis del sector salud en Colombia: la primera ya citada es que la presidenta de la Junta Directiva de Comparta EPS, es oriunda de Málaga, donde se presentaron las tutelas.

Por su parte la Supersalud argumenta que los hallazgos identificados tras las acciones de inspección desarrolladas por la Supersalud a la EPS Comparta registraba una crítica situación que colocaba en riesgo la vida de sus usuarios y que algunos debían esperar más de un año y medio la entrega de medicamentos vitales. El Supersalud sostiene que posee evidencias que algunos usuarios fallecieron esperando la autorización de sus tratamientos o de procedimientos urgentes.

Finalmente, la juez Marcela Higuera Peña, que había decretado la medida provisional de suspensión a la liquidación ordenada por la Superintendencia de Salud a la EPS Comparta, dejó sin efectos su medida provisional en los casos de dos tutelantes, al reconocer que cometió un error al desconocer la nueva norma de reparto de tutela, Decreto 333 del 6 abril del año 2021.

El Supersalud, Fabio Aristizábal Ángel, el 9 de agosto de 2021, indicó a medios de comunicación que las EPS, en un año, han recibido 267 sanciones por más de $72.000 millones y recordó que las EPS Comparta, Comfacor y Ambuq habían sido revocadas mientras que, Coomeva y Medimás estaban incursas en procesos de revocatorias parciales.

La Superintendencia Nacional de Salud, entre agosto de 2018 y julio de 2019, abrió 348 procesos administrativos, de ellos 232 registraron sanciones en segunda instancia por un valor de $14.682 millones.

Lo contradictorio e irrisorio, frente a lo que indica la Supersalud, es que las EPS pagan esas sanciones con los mismos recursos del ingreso que recaudan, pues hay que recordar que estas EPS reciben ingresos en dos regímenes, uno Contributivo, es decir, en el que el ciudadano de a pie aporta para su salud al igual que su empleador y el otro es el Subsidiado, donde el gobierno se encarga de garantizar la cobertura de los servicios de salud a la población más vulnerada (Sisben), pero en esencia y luego de recoger los recursos y hacer los procesos de cargue y descargue de afiliados en el ADRES, es este último quien les gira los recursos a las EPS, bien sea a sus cajas o como pasa en el caso de las EPS que están en medida de vigilancia especial, estos se encuentran obligados a dispersar a la red de servicios el 80 % de su ingreso a través de la metodología de giro directo, es decir, la EPS le dice al ADRES a quién le debe pagar y éste le gira sin intermediarios, (así debería ser todo).

En consecuencia, del 100 % del giro de los ingresos de la EPS en el mes, le quedaría un 20 % para su caja, es decir, un 10 % o un 12 % más para seguir cubriendo las necesidades reales de la operación como anticipos urgentes, entre estos, un medicamento que puede ser un vital no disponible, que según lo analizado, se han encontrado unas enfermedades (ejemplo: HPN que significa Hemoglobinuria Paroxística Nocturna), que solo pueden ser tratadas por un tipo de medicamento exclusivo que solo entrega un operador de medicamentos en el país (un monopolio perfecto), pero de eso hablaré en otra columna y el restante 10 % y 8 %, esto es dependiendo del tipo de régimen habilitado, si es Contributivo 10 % y si es Subsidiado 8 %, para el gasto administrativo que sirve de fuente de financiación para cubrir el pago de las multas.

La pregunta es ¿qué pasa con esa multa? pues si es algo no habitual se carga como gasto y el indicador podría estar superando de nuevo su porcentaje de medición y esto acarrearía de nuevo otra sanción. ¿Alguien ha revisado el círculo cerrado de estas Medidas de Vigilancia Especial, pues pareciera que el presupuesto de la Supersalud se puede estar alimentando en una gran parte de estas?

Cabe recordar, por solo citar un ejemplo, que con la revocatoria de Comfacor en el departamento de Córdoba; 535.000 usuarios fueron trasladados a la Nueva EPS, Mutual Ser, Coosalud y a Cajacopi. Además, resaltar que en el proceso de revocatoria parcial que ha realizado la Superintendencia Nacional de Salud sobre Medimás y Coomeva, se han entregado 1.103.199 y 50.380 usuarios respectivamente.

Mientras todo esto ocurre, los millones de usuarios de la salud en Colombia presencian, desde la tribuna, como se reparten la torta de las EPS en Colombia, y claro, los multimillonarios daños se pagan con dineros de los contribuyentes y del erario público, pero alguien se ha preguntado y es lo que ahondaré en las próximas entregas, ¿cuánto han crecido estas empresas en los últimos años solo por la repartición de usuarios?, porque creo que en este sector tan especializado, solo unos pocos comprenden de ¿dónde salen los recursos?, ¿por qué cuando le entregan usuarios a la Nueva EPS pueden salir más costosos para el gobierno?, ¿cuánto es el valor promedio de cada compensación y como se distribuyen los costos y los gastos al interior de estas empresas?, es por eso que se percibe en el aire que hay una feria por los usuarios, pues la falta de controles sobre el costo en un país donde los recursos son limitados, desemboca en costos infinitos que en definitiva solo son cubiertos con un mayor ingreso, es decir, bienvenidos al gran show de las pirámides vigiladas.

Imagen: Getty Images
Tomado de: Elespectador.com