Volveremos a ser luz… pero la solidaridad no puede reemplazar la justicia | Segunda parte

Foto: El Quindiano

Quimbaya, dos meses después del terremoto: entre las heridas que persisten y la reconstrucción que aún debemos construir | Segunda parte

En mi primera reflexión hice un llamado a superar los personalismos, las competencias de egos y las acciones asistenciales aisladas. La Administración Municipal en ocasiones, parece más interesada en gobernar a través de las redes sociales que en los espacios de poder donde se toman decisiones. Esto último, lo afirmo, en relación con la ausencia del señor alcalde, Juan Manuel Rodríguez en sendas reuniones donde el gobernador y nueve alcaldes estuvieron haciendo presencia en Bogotá, en relación con la atención de las necesidades posterremoto y la reactivación económica. Más allá de los discursos, son las acciones las que hablan a favor o en contra de un dirigente y su gestión.

También señalé la importancia de que los actores políticos participaran en los espacios convocados por la comunidad para discutir soluciones. Tarde llegó el Señor alcalde a la convocatoria de los comerciantes y por ahora, sin ningún alivio económico eficaz. La administración debe agenciar mayor capacidad para resolver problemas concretos.

Pero la unidad no debe confundirse con la ausencia de crítica. La participación ciudadana no consiste en aplaudir las decisiones de las autoridades ni en renunciar al control social. Consiste en tener la posibilidad de conocer, preguntar, proponer, deliberar y exigir explicaciones. El concejo y la administración Municipal parecen estar más concentrados e interesados en la aprobación exprés del Proyecto 015 sobre la inclusión del Proyecto Turístico Especial Territorio Panaca en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, para favorecer los intereses de la empresa privada y no el interés general de la comunidad, en momentos donde toda la energía debería estar enfocada en la reconstrucción y la recuperación del tejido empresarial de Quimbaya para la reactivación económica.

Por eso, considero necesario avanzar hacia un balance público de la recuperación que responda, como mínimo, a cinco preguntas: ¿Qué compromisos se adquirieron después del terremoto y cuáles se han cumplido? ¿Qué recursos se han asignado, ejecutado y desembolsado, y para qué fines? ¿Cuál es el estado actualizado de las viviendas afectadas y de las familias damnificadas? ¿Qué medidas se han adoptado para recuperar el comercio y el empleo? ¿Qué mecanismos de participación y seguimiento ciudadano están funcionando?

No se trata de señalar culpables sin pruebas ni de desconocer las dificultades técnicas, presupuestales y administrativas que puede enfrentar una emergencia. Se trata de exigir que esas dificultades se expliquen con claridad y que las decisiones se traduzcan en soluciones verificables.

La Ley 1523 de 2012 establece que la gestión del riesgo es responsabilidad de las autoridades y de los habitantes del territorio, dentro de sus respectivas competencias. También reconoce la participación de la población como parte de una gestión orientada a la seguridad y al desarrollo sostenible.

En ese marco, las organizaciones comunitarias, los comerciantes, los profesionales, las instituciones educativas, los voluntarios y los ciudadanos deben contar con espacios efectivos para contribuir a la recuperación y deliberar acerca del proceso de reconstrucción.

La confianza pública no se reconstruye con discursos o campañas mediáticas de redes sociales, sino que se recupera cuando la información es transparente, los compromisos tienen responsables y las decisiones responden a las necesidades de la población.

De la solidaridad espontánea a un pacto social para reconstruir Quimbaya

Quimbaya ha demostrado que, frente a la adversidad, la solidaridad puede surgir de los lugares más inesperados. Hemos visto personas que comparten lo poco que tienen, ciudadanos que organizan colectas, trabajadores que ponen sus conocimientos al servicio de los demás y comunidades que se movilizan para acompañar a quienes más lo necesitan.

Esas juntanzas populares y barriales constituyen uno de los recursos más valiosos de nuestro municipio. Sin embargo, no podemos permitir que la solidaridad se agote en jornadas aisladas ni que la recuperación dependa exclusivamente de la buena voluntad de quienes deciden ayudar. Necesitamos transformar esa energía colectiva en un pacto social por la recuperación integral de Quimbaya. Esa noble iniciativa debería estar liderada por el Señor alcalde, quien debería preocuparse menos por figurar en sus redes sociales y liderar junto a la comunidad un pacto que no exija uniformidad ideológica, pero sí compromiso con la vida y la dignidad humana. Un acuerdo que permita sumar capacidades sin borrar las diferencias y que ponga las necesidades de las personas por encima de los intereses particulares.

Cómo va a ser posible, que ahora la comunidad de la Vereda el Laurel sea la más perjudicada por el terremoto, aún cuando no sufrieron grandes afectaciones con el sismo, pero sí por una decisión administrativa, arbitraria y no concertada de la Administración Municipal, que está al punto de echar al traste el sueño de la renovación de su alcantarillado, que tiene más de 50 años, ya que piensan redirigir esos recursos hacia la reconstrucción, para cubrirle la espalda al Gobierno Nacional que aún no fondea su Fondo Milagro para la reconstrucción, que está en mora a 2 meses de la tragedia.

En conclusión, propongo que avancemos hacia una agenda pública de recuperación con, al menos, seis prioridades:

• • Primera. Vivienda digna y segura. Publicar información actualizada sobre las viviendas afectadas, las condiciones de habitabilidad, las necesidades de reparación y los apoyos disponibles, con especial atención a los hogares más vulnerables.
  • Segunda. Reactivación económica y empleo. Construir medidas concretas para apoyar a los pequeños comerciantes, recuperar establecimientos, proteger los medios de subsistencia y facilitar la reactivación de las actividades productivas. Intervenir el código de rentas del Municipio para generar verdaderos alivios en materia tributaria, que le permitan a los empresarios enfocarse en la reactivación de sus emprendimientos.
  • Tercera. Salud integral y acompañamiento psicosocial. Fortalecer la atención primaria, las redes comunitarias de apoyo y la identificación de personas que requieren acompañamiento profesional, con seguimiento durante los meses de recuperación.
  • Cuarta. Información pública y rendición de cuentas. Disponer de un balance periódico, comprensible y verificable de los compromisos, los recursos, las intervenciones y los resultados.
  • Quinta. Participación comunitaria efectiva. Garantizar que los damnificados, comerciantes, organizaciones sociales y demás sectores involucrados puedan intervenir en las decisiones que afectan su vida cotidiana y el proceso de reconstrucción y reactivación.
  • Sexta. Reconstrucción segura y respetuosa de la identidad del municipio. Recuperar los espacios públicos, proteger la memoria colectiva y considerar las dimensiones culturales y comunitarias de las intervenciones, siempre con criterios técnicos de seguridad.

Estas prioridades requieren responsables definidos, plazos realistas, financiación identificable y mecanismos de seguimiento. De lo contrario, corremos el riesgo de convertir la reconstrucción en una sucesión de promesas sin capacidad de transformación.

El objetivo no puede ser regresar a las condiciones anteriores al terremoto; si antes existían vulnerabilidades económicas, dificultades de acceso a servicios o desigualdades que exponían a ciertos hogares a mayores riesgos, reconstruir exactamente lo mismo, significaría reproducir parte de los problemas que hicieron más difícil afrontar la tragedia. El verdadero reto es generar una reconstrucción que mejore las capacidades del municipio con mayor preparación ante los riesgos, más articulación institucional, una economía local más resiliente y una comunidad con mayor capacidad para participar en las decisiones que determinan su futuro.

Volveremos a ser luz, si somos capaces de cuidarnos entre todos

A dos meses del terremoto, no podemos afirmar que Quimbaya ha superado la emergencia solamente porque el tiempo ha transcurrido. Tampoco podemos dar por concluida la recuperación mientras existan familias que no hayan restablecido condiciones dignas de vida, negocios que no puedan recuperar su actividad y personas que continúen enfrentando las consecuencias emocionales y sociales de la tragedia.

Necesitamos esperanza, pero una esperanza que no sea ingenua, ni un pueril y vacío llamado a la unidad, sin contenido identitario. Necesitamos solidaridad, pero una solidaridad acompañada de organización. Necesitamos instituciones comprometidas, pero también una ciudadanía activa, informada y capaz de ejercer control sobre las decisiones públicas.

Como médico, entiendo que cuidar la vida implica mucho más que tratar enfermedades. Significa reconocer las condiciones sociales que producen sufrimiento, acompañar a las personas en sus momentos de mayor vulnerabilidad y defender las condiciones que hacen posible una vida digna. Esto lo digo, a pesar de que, al presidente del Concejo Municipal de Quimbaya, Jhon Wilmer González, le parezcan poca cosa, poco técnico, o sin interés político real los determinantes sociales de la salud, que fundamentan el núcleo de la práctica de la salud pública y la medicina social, o si se quiere, una mirada compleja y multidisciplinaria de la medicina, como lo expresara en entrevista el pasado viernes. Más respeto por las voces que discrepan de su forma de concebir el desarrollo del municipio. Celebran la participación ciudadana, pero al mismo tiempo hacen estos calificativos devaluativos de un concepto técnico emitido desde la medicina y la bioética. Yo le recomendaría al Señor presidente del Concejo Municipal, más libro y lectura y menos Facebook.

Como ciudadano de este territorio, considero que la reconstrucción de Quimbaya es una responsabilidad colectiva que no admite indiferencia. Pero también creo que ninguna autoridad, organización o persona puede atribuirse por sí sola la capacidad de sacar adelante al municipio.

Nos necesitamos mutuamente

La reconstrucción no puede convertirse en una competencia por los méritos, en un escenario de disputas personales ni en una oportunidad para obtener beneficios políticos a costa del sufrimiento ajeno. Toda la atención de los tomadores de decisiones del Municipio debería enfocarse de forma prioritaria en el proceso de reconstrucción y reactivación económica. Debe ser un ejercicio de responsabilidad pública, cooperación social y respeto por quienes han perdido tanto.

Volveremos a ser luz no porque el tiempo borre las huellas del terremoto, sino porque seamos capaces de transformar el dolor en solidaridad organizada, la indignación en participación ciudadana y las promesas en resultados concretos. Pero esa luz no llegará únicamente desde arriba, ni dependerá de la generosidad ocasional de quienes vienen a ayudarnos. Ni tampoco por que hagamos un festival de velas y faroles que dure una o dos semanas y como siempre, priorice el comercio foráneo al municipio, el pan y el circo. Tendrá que construirse desde nuestras calles, nuestros barrios, nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo y nuestros espacios de encuentro y como eje central con la gente que habita este territorio y lo siente como propio con arraigo.

Y para que esa luz vuelva a iluminar a Quimbaya, debemos comprender algo fundamental: reconstruir no es solamente levantar lo que se cayó. Es garantizar que quienes habitan este territorio puedan recuperar su seguridad, su autonomía, sus proyectos de vida y la confianza en que no están solos.

Porque una Quimbaya reconstruida no será aquella en la que ya no queden escombros, sino aquella en la que ninguna persona tenga que enfrentar sola las consecuencias de la tragedia.

Volveremos a ser luz. Pero esa luz tendremos que encenderla entre todos, con dignidad, justicia, empatía, compasión y compromiso real con la calidad de vida y la dignidad de la gente de Quimbaya.