Volveremos a ser luz… pero la solidaridad no puede reemplazar la justicia | Primera parte

Foto: El Quindiano

Quimbaya, dos meses después del terremoto: entre las heridas que persisten y la reconstrucción que aún debemos construir | Primera parte

Dos meses después del terremoto del 10 de agosto, Quimbaya enfrenta un desafío que va mucho más allá de reconstruir viviendas y reparar edificios. La emergencia dejó al descubierto la fragilidad económica de cientos de familias, las heridas emocionales de una comunidad y la necesidad de una respuesta institucional coordinada, transparente y comprometida con la dignidad humana. La solidaridad nos permitió resistir los primeros días; ahora necesitamos convertirla en una estrategia colectiva de recuperación.

El pasado 10 de agosto, Quimbaya vivió uno de esos acontecimientos que dividen la historia de un pueblo en un antes y un después. En cuestión de segundos, las viviendas, los negocios, los edificios emblemáticos y los espacios que durante generaciones habían dado identidad a nuestro municipio se transformaron en escenarios de incertidumbre, pérdida y dolor. Nuestra vida como habitantes del Territorio Quimbaya, se modificó para siempre.

Hace un mes escribí una reflexión que titulé, Volveremos a ser luz, publicado un mes después del terremoto, intenté dimensionar la magnitud de aquella emergencia biopsicosocial. Señalé entonces que sus consecuencias no podían medirse únicamente en edificaciones destruidas, sino también en empleos perdidos, economías familiares debilitadas, vínculos comunitarios afectados y sufrimiento psicológico.

Hoy, dos meses después, la pregunta que debemos hacernos como sociedad es inevitable: ¿Estamos avanzando hacia una recuperación integral de Quimbaya o nos estamos acostumbrando a convivir con las consecuencias de la tragedia?

Llena de mucha incertidumbre y desasosiego que los escombros de la Basílica Menor Jesús, María y José, emblema y patrimonio arquitectónico e histórico de Quimbaya, permanezcan a la intemperie, generando huellas psicológicas imborrables en la población. No es comprensible, por qué, dos meses después, esos escombros, permanecen sin ser removidos. Entiendo que la Basílica requiere unos estudios y un diagnóstico de patología estructural para definir qué sucederá con la edificación. No obstante, por el bienestar psicológico de la comunidad al menos deberían recogerse los escombros, sin levantar el perímetro de seguridad que se ha establecido.

No pretendo desconocer los esfuerzos de quienes han trabajado para atender la emergencia. Por el contrario, considero indispensable reconocer la solidaridad de los ciudadanos, los comerciantes, los trabajadores de la salud, las organizaciones sociales, los voluntarios, y la actividad humanitaria adelantada por la administración municipal a cargo del señor Juan Manuel Rodríguez y tantas personas que, desde diferentes lugares del país y del extranjero, extendieron su mano a nuestro municipio. Destaco iniciativas ciudadanas y cívicas como Juntos por Quimbaya, o la iniciativa humanitaria, trabajo de muchos de ellos notorio por su perfil silencioso y desinteresado.

Sin embargo, agradecer la solidaridad no nos obliga a renunciar a la reflexión crítica. La gratitud no puede convertirse en silencio frente a las necesidades que persisten, y la esperanza no debe confundirse con la resignación frente a la dura realidad que atravesamos hoy por hoy en el Municipio Luz de Colombia.

1. La emergencia no termina cuando desaparece de los titulares

Durante las primeras semanas posteriores al terremoto, Quimbaya recibió expresiones de solidaridad que contribuyeron a atender las necesidades más urgentes. Llegaron alimentos, medicamentos, materiales, donaciones y personas dispuestas a ayudar.

Pero las emergencias tienen una característica que suele pasar inadvertida: mientras la atención pública disminuye, las necesidades de muchas familias continúan.

En mi primera reflexión registré que, con corte al 8 de septiembre de 2026, había 4.988 familias inscritas como damnificadas, correspondientes a 11.283 personas, y 795 viviendas con algún nivel de daño registrado. Estas cifras permiten comprender la dimensión de la tragedia en aquel momento, aunque no deben confundirse con un balance actualizado de la situación.

Dos meses después necesitamos saber cuántas familias han recuperado condiciones de habitabilidad seguras, cuántas continúan fuera de sus viviendas, qué apoyos han recibido y cuáles son las necesidades que permanecen sin resolver.

No basta con contabilizar las ayudas entregadas. También debemos evaluar si estas contribuyeron efectivamente a restablecer las condiciones de vida de quienes las recibieron.

Una familia que todavía no cuenta con una vivienda segura no ha superado la emergencia. Un adulto mayor que perdió su hogar y carece de una red de apoyo continúa en una situación de vulnerabilidad. Un comerciante que no puede abrir su negocio sigue enfrentando las consecuencias de la tragedia, aunque ya no aparezca en las noticias y esto genera estrés económico para sus familias, que basan su sustento en el funcionamiento diario de esos negocios.

La recuperación debe medirse por las condiciones reales de las personas y no exclusivamente por los anuncios, los informes administrativos o las actividades realizadas.

La Ley 1523 de 2012, que establece la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, concibe esta gestión como un proceso social orientado a proteger la vida, el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo sostenible. No se trata solamente de reaccionar ante una catástrofe, sino también de reducir vulnerabilidades y construir condiciones más seguras para el futuro. Por eso, necesitamos un balance público y actualizado de la emergencia. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué se ha logrado, qué sigue pendiente y qué decisiones se tomarán para garantizar una recuperación digna.

2. Sin recuperar el trabajo y los ingresos, no habrá reconstrucción integral

Quimbaya es un municipio cuya vida económica depende, en buena medida, de sus pequeños y medianos comerciantes, del turismo y de las múltiples actividades que se articulan alrededor de ellos.

En mi artículo anterior señalé que el 53,3 % del tejido comercial de Quimbaya no había podido operar con normalidad después del terremoto. También expuse una estimación preliminar de aproximadamente 7.000 millones de pesos en impacto económico durante el primer mes.

Estas cifras corresponden a la información y las estimaciones recogidas en aquella primera etapa, principalmente por la Cámara de Comercio de Armenia. Para establecer la situación actual necesitamos datos nuevos sobre establecimientos reabiertos, pérdidas acumuladas, empleos recuperados y recursos destinados a la reactivación.

Pero hay una realidad que no necesita esperar a un nuevo informe para ser comprendida: detrás de cada negocio afectado hay personas y familias cuyo sustento depende de poder trabajar.

Cuando un pequeño establecimiento cierra, no solamente se interrumpe una actividad comercial. También se afectan los ingresos del propietario, el salario de sus trabajadores, la economía de sus proveedores y la capacidad de numerosas familias para pagar sus necesidades básicas.

Por eso, la reconstrucción no puede limitarse a retirar escombros, reparar fachadas y recuperar la infraestructura física. También debe crear condiciones para que los comerciantes puedan volver a producir, los trabajadores recuperen sus ingresos y las familias reconstruyan su autonomía económica.

Necesitamos conocer si existe un plan integral de reactivación económica, qué recursos tiene asignados, cuáles son sus beneficiarios, qué mecanismos de acceso contempla y qué resultados se esperan en plazos verificables. Aunque en pasada reunión del 28 de septiembre de la Administración Municipal se desestimaron alivios tributarios o modificación al código de rentas del municipio. Se habló mucho, pero en concreto no se dijo nada. Los comerciantes siguen en el limbo y llenos de incertidumbre.

Se habla de alquilar a la Alcaldía los predios de las edificaciones demolidas, para la instalación de containers comerciales. Es válido preguntarle a la Administración Municipal qué criterio van a tener en cuenta para el alquiler de esos espacios comerciales, ya que los primeros beneficiarios deberán ser los dueños de los comercios afectados donde estaba previamente la edificación y deberá dársele prioridad a los comerciantes de Quimbaya y no a los foráneos.

La ayuda humanitaria es indispensable, pero tiene límites. No podemos pretender que una comunidad reconstruya su economía indefinidamente a partir de donaciones espontáneas. La Alcaldía de Quimbaya tiene allí una gran responsabilidad, ya que en su poder está generar alivios tributarios reales y modificación al código de rentas para generar beneficios reales y concretos al sector comercial, que será el encargado de materializar la tan mencionada reactivación económica. En este orden de ideas, la alcaldía debe dar prioridad a la reactivación económica más allá del recaudo tributario, ya que resuelto lo primero, lo segundo vendrá por añadidura.

La solidaridad puede ayudarnos a sobrevivir a la emergencia; la recuperación económica debe permitirnos volver a vivir con autonomía y dignidad.

3. Las heridas invisibles: la salud mental también necesita reconstrucción

Como médico con formación en bioética, esta es quizá la dimensión que más me preocupa.

Un terremoto no solamente destruye paredes, techos y estructuras. También altera el arraigo y la sensación de seguridad que las personas construyen a lo largo de su vida. La casa deja de ser necesariamente un refugio; la calle cotidiana puede convertirse en un escenario de temor; el lugar donde funcionaba un negocio puede transformarse en un recordatorio permanente de la pérdida.

La destrucción de viviendas, la desaparición de edificaciones emblemáticas y la transformación de los espacios de encuentro afectan también la memoria colectiva y el sentido de pertenencia.

En Quimbaya, las afectaciones de la Basílica Menor de Jesús, María y José, los edificios que tuvieron que ser demolidos, los daños en sectores residenciales y comerciales y los cambios en nuestras calles representan mucho más que un problema de infraestructura. Forman parte de una experiencia colectiva de pérdida que merece ser reconocida y acompañada.

La Organización Mundial de la Salud ha advertido que las emergencias pueden producir sufrimiento psicológico, inseguridad, pérdida de medios de subsistencia y debilitamiento de las redes sociales. Muchas de las reacciones emocionales posteriores a una catástrofe disminuyen con el tiempo, pero algunas personas necesitan atención profesional y apoyo sostenido.

Es importante no patologizar el sufrimiento humano. Sentir miedo, tristeza, preocupación, irritabilidad o dificultades para dormir después de una experiencia traumática no significa necesariamente padecer un trastorno mental.

Sin embargo, cuando estas manifestaciones persisten, son intensas o interfieren de manera importante con la vida cotidiana, debemos facilitar el acceso oportuno a la atención sanitaria y psicosocial.

¿Estamos haciendo seguimiento a las necesidades emocionales de las familias damnificadas? ¿Qué acompañamiento reciben los adultos mayores, los niños, las personas con discapacidad y quienes perdieron sus medios de subsistencia? ¿Se han fortalecido los servicios de atención primaria y las redes comunitarias de apoyo? ¿Existe una estrategia de seguimiento que vaya más allá de las primeras semanas? ¿La secretaria Municipal de Salud, El Hospital Municipal y el Señor alcalde han establecido alguna estrategia enfocada a atender estas necesidades?

Estas preguntas deben formar parte del balance público de la emergencia. La salud mental no puede aparecer como un asunto secundario, reservado para cuando se hayan reconstruido todas las viviendas. Por el contrario, debe acompañar cada etapa del proceso.

La OPS recomienda integrar el apoyo psicosocial en la respuesta a los desastres, fortalecer las redes comunitarias y coordinar los servicios de salud con otros sectores. En consecuencia, la reconstrucción de Quimbaya debe incorporar acciones sostenidas de acompañamiento familiar y comunitario, detección temprana de necesidades y atención profesional cuando sea necesaria. La estrategia de Atención Primaria en Salud, legado del Gobierno Petro, debería ahora, estar más activa que nunca, estableciendo censos de necesidades en salud mental.

Hay algo que debemos comprender: retirar los escombros puede transformar el paisaje, pero no necesariamente elimina el miedo, la incertidumbre o el duelo. Es fundamental retirar los escombros para acompañar el duelo de las personas, así como cuando una persona fallece, las pertenencias del difunto deben tener un destino distinto al hogar que tenía en vida; de esa misma forma, debemos despojarnos de los escombros, para tratar de continuar con la nueva normalidad posterremoto.

La salud mental de los habitantes debe ser considerada un indicador de recuperación tan relevante como las viviendas rehabilitadas, los establecimientos reabiertos y las estructuras recuperadas.

4. La responsabilidad institucional: de los anuncios a los resultados

Una tragedia de esta magnitud exige la participación de todos los niveles de gobierno, de los sectores económicos, de las organizaciones sociales y de la ciudadanía. Pero la corresponsabilidad no significa que todas las partes tengan las mismas competencias ni que las obligaciones institucionales puedan diluirse en un llamado genérico a la unidad. Ahora más que nunca, las voces disonantes deben ser escuchadas con atención y atendidas, en lugar de pretender silenciar los disensos con un mensaje de unidad, si se quiere, pueril y superficial y que no moviliza a la ciudadanía. La unidad no se impone, se construye día a día en comunidad.

Las autoridades deben actuar dentro de sus responsabilidades, coordinar las intervenciones, administrar los recursos con transparencia, comunicar las decisiones y rendir cuentas sobre los resultados.