Una reforma a la salud de cara al personal médico

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La Federación Médica Colombiana, en representación de sus Colegios Médicos Departamentales y como defensora histórica del derecho fundamental a la salud (Ley Estatutaria 1751), sostiene que el modelo de salud actual, fundamentado en la intermediación financiera privada, ha cumplido un ciclo crítico. El saldo de desfinanciación y precarización laboral que padecemos hace que la transformación del sistema no solo sea una opción política, sino un imperativo ético y social. Por ello, la viabilidad del Proyecto de Ley de Reforma a la Salud que avanza en el Congreso debe analizarse desde los pilares estructurales que garantizan su éxito.

El primero, y quizás el más urgente para el sector, es la estabilidad laboral reforzada y la justicia económica. Es momento de desmontar la falsa premisa de que la dignidad de los trabajadores de la salud es incompatible con la sostenibilidad financiera del sistema. El planteamiento de un Régimen Laboral Especial es el mecanismo definitivo para alcanzar una estabilidad real y a largo plazo.

Las cifras de la realidad laboral en el sector son insostenibles: en Colombia, el 73% de los trabajadores misionales (unos 128.643 profesionales) operan bajo el modelo inestable de prestación de servicios, mientras que solo el 27% está formalizado. Erradicar esta tercerización nociva, acabar con los falsos sindicatos patronales y cooperativas intermediarias, e implementar la contratación directa e indefinida es blindar al profesional frente a los despidos injustificados que las EPS usaron históricamente como presión corporativa. Esta gran apuesta de formalización progresiva cuenta con una proyección de $3,6 billones de pesos que asegura el paso a plantas de personal estables para médicos, enfermeros y especialistas. Defendemos que los recursos del sistema, que superan los $121 billones de pesos anuales, dejen de destinarse al lucro particular y se reorienten a salarios justos, oportunos y directos para el personal asistencial.

En segundo lugar, se vislumbra una transición segura hacia la administración pública. Este paso no debe entenderse como un salto al vacío, sino como un tránsito ordenado donde el flujo de los recursos sea administrado de forma pública y transparente, llegando directamente a las clínicas y hospitales prestadores. La exigencia perentoria durante este proceso es que la entrega de medicamentos y la atención de enfermedades de alto costo no sufran interrupción alguna.

Como tercer pilar, los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) se perfilan como el eje de la equidad territorial. Este esquema preventivo y predictivo descentraliza la medicina, elimina la barrera del “gasto de bolsillo” para las familias y responde al abandono histórico de las regiones vulnerables. Sin embargo, para que deje de ser un ideal, se requiere una inversión estatal rigurosa que dote tecnológicamente estos centros, permitiendo que los médicos cuenten con las herramientas ideales para resolver patologías desde el primer nivel.

Finalmente, el debate debe centrarse en las garantías absolutas para los trabajadores y la defensa de la autonomía médica. Existe un vínculo indivisible entre la estabilidad laboral y la autonomía profesional: un médico con contrato estable y permanente no teme ser despedido por recetar el medicamento que su paciente realmente necesita. La reforma tiene la obligación de erradicar las presiones administrativas que obligaban al médico a subordinar su criterio científico a topes de costos impuestos por aseguradores privados.

La salud en Colombia debe ser un derecho fundamental real, no un negocio de intermediarios comerciales. Desde esta tribuna, la Federación Médica Colombiana convoca a los congresistas, al cuerpo médico y a la ciudadanía a defender este proyecto de ley. La reforma es viable, es justa, está financiada y representa el único camino para dignificar a quienes salvan vidas en cada rincón de la patria.