Ley “Doctora Catalina”: una reforma necesaria y un reto institucional pendiente (PL 145 de 2024 Cámara)

En Colombia, la formación de especialistas en medicina ha estado históricamente marcada por exigencias extremas que, aunque normalizadas, esconden una realidad preocupante. Jornadas prolongadas, ambientes laborales hostiles y un silencioso deterioro de la salud mental han sido parte del día a día de miles de médicos residentes.

Bajo estas circunstancias, surge la Ley “Doctora Catalina”, que acaba de pasar su trámite en la Cámara de Representantes, no solo como una reforma normativa, sino como un recordatorio doloroso de la gravedad que ha alcanzado esta situación. Más que una iniciativa aislada, representa el reconocimiento de que los mecanismos actuales han sido insuficientes. Si realmente se hubieran garantizado condiciones dignas y seguras, estas problemáticas no persistirían de manera tan extendida. Por ello, el proyecto se plantea como un instrumento necesario para visibilizar, corregir y prevenir prácticas que durante años han sido toleradas dentro del sistema de formación médica.

La Ley “Doctora Catalina” constituye un paso significativo en la transformación de las condiciones en las que se forman los médicos residentes en el país. Durante años, la formación médica especializada ha estado atravesada por tensiones estructurales: sobrecarga laboral, precarización, limitaciones en el acceso al bienestar integral y una cultura institucional que, en muchos casos, ha normalizado el maltrato como parte del proceso formativo. Este proyecto de ley surge precisamente como respuesta a esas realidades.

La iniciativa plantea un cambio fundamental al promover ambientes de trabajo seguros, respetuosos y libres de violencia, así como al exigir la implementación de programas de capacitación en derechos laborales, bienestar y prevención del acoso. Asimismo, reconoce al médico residente no solo como estudiante, sino como un profesional en formación que cumple funciones asistenciales esenciales dentro del sistema de salud. Este reconocimiento implica avanzar hacia condiciones más dignas mediante la regulación de las jornadas laborales, el acceso efectivo a la seguridad social y el fortalecimiento de programas orientados a la salud mental.

Particularmente relevante es el establecimiento de límites a la jornada laboral (12 horas diarias y 60 semanales), una medida que busca proteger tanto la salud del residente como la seguridad del paciente. La evidencia internacional ha demostrado que la fatiga médica incrementa el riesgo de errores clínicos, por lo que esta regulación no solo constituye un asunto laboral, sino también un componente esencial de la calidad en la atención.

No obstante, desde la Federación Médica Colombiana consideramos que la transformación que propone esta ley no será suficiente sin un cambio profundo en la cultura institucional. Persisten prácticas arraigadas de jerarquización excesiva, normalización del maltrato y estigmatización del cuidado de la salud mental, que no se resuelven únicamente mediante disposiciones legales.

El problema no es la ausencia de regulación, sino la existencia de una regulación débilmente vinculante que ha permitido que muchas instituciones mantengan prácticas problemáticas sin consecuencias inmediatas. Frente a los argumentos que advierten una posible interferencia en la autonomía universitaria, es necesario precisar que dicha autonomía no puede ser invocada como justificación para tolerar condiciones que vulneran la dignidad, la salud y la integridad de los residentes.

En contextos donde existe una relación jerárquica fuerte, como en la residencia médica, las medidas exclusivamente preventivas resultan insuficientes si no están acompañadas de mecanismos claros de sanción y protección efectiva. En sistemas altamente jerárquicos, la prevención sin sanción tiende a ser ineficaz, pues no transforma conductas arraigadas ni corrige las asimetrías de poder que sostienen estas dinámicas. Negarse a fortalecer este componente implica el riesgo de perpetuar la impunidad.

Asimismo, los temores sobre una eventual reducción de cupos para residentes deben analizarse con rigor. Si garantizar condiciones dignas pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, es necesario plantear una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto el modelo actual depende de la utilización de los residentes como mano de obra barata?, este interrogante resulta esencial para comprender la profundidad del problema.

Sin un cambio institucional real, la ley podría quedarse corta. Esto implica reconocer que la responsabilidad no recae únicamente en el diseño normativo, sino en las instituciones que forman y emplean a los residentes. Universidades y hospitales deben asumir un compromiso activo y verificable en la garantía de condiciones dignas, lo que incluye no solo adoptar políticas formales contra el acoso, sino implementarlas de manera efectiva, supervisar su cumplimiento y responder con consecuencias claras ante su incumplimiento.

La transformación exige, en consecuencia, una responsabilidad institucional concreta: pasar de la tolerancia histórica de prácticas abusivas a una gestión consciente, transparente y exigible del bienestar, la formación y la seguridad de los médicos residentes.