La Federación Médica Colombiana responde al BMJ: El debate sobre el sistema de salud más allá de la coyuntura política

En una reciente publicación del British Medical Journal (BMJ), el periodista Luke Taylor analiza la crisis del sistema de salud en Colombia, atribuyendo el deterioro actual exclusivamente a las decisiones políticas de la administración vigente. Ante este panorama, la Dra. Ana María Soleibe Mejía, presidenta de la Federación Médica Colombiana (FMC), ha dirigido una comunicación formal al editor de dicha revista científica. El propósito de esta réplica es ofrecer un marco analítico más profundo que trascienda la narrativa mediática y exponga las fallas estructurales que, desde la implementación de la Ley 100 de 1993, han afectado el acceso real a la salud en nuestro país.

A través de esta respuesta, publicada originalmente el 28 de enero en la sección de correspondencia del BMJ, la Dra. Soleibe desmitifica la idea de un sistema previamente funcional, contrastando las cifras de cobertura formal con la realidad del acceso efectivo y el fenómeno de la tutela. La FMC sostiene que la crisis financiera actual no es un evento reciente ni inducido, sino la consecuencia de décadas de falta de transparencia en la gestión de recursos públicos por parte de las EPS y el incumplimiento sistemático en la constitución de reservas técnicas. A continuación, compartimos el texto íntegro de la intervención que posiciona la defensa del derecho fundamental a la salud por encima de los intereses de intermediación financiera:

Estimado editor

Escribo en respuesta al artículo de Luke Taylor sobre la reforma de salud en Colombia (1). Si bien el artículo lleva el debate colombiano al escenario internacional, su marco analítico reproduce una narrativa parcial que oscurece las causas estructurales de una crisis histórica.

Desde 1993, la Ley 100 introdujo un modelo en el que las aseguradoras privadas (EPS) gestionan recursos públicos. Bajo este esquema, las EPS reciben fondos por adelantado para organizar los servicios, asumiendo supuestamente el riesgo financiero. Sin embargo, el sistema otorgó un velo de opacidad a estas entidades; la auditoría estatal es limitada y se basa en la información reportada por las propias aseguradoras.

Un pilar del seguro es la constitución de reservas técnicas para garantizar la solvencia. Según la Contraloría General de la República, la mayoría de las EPS no han cumplido con este requisito, acumulando un déficit de $13 billones de pesos (2). La falta de estos fondos, que deberían estar invertidos y disponibles, es la causa principal de la inestabilidad actual que socava la capacidad de pago de hospitales y clínicas.

El artículo de Taylor asume erróneamente que el sistema funcionaba. Confunde la cobertura (poseer una cédula de identidad) con el acceso efectivo. Durante décadas, Colombia ha reportado cobertura universal, mientras registra cientos de miles de acciones legales (de tutela) anualmente para acceder a servicios básicos (3)(4). Un sistema que requiere intervención judicial constante para funcionar no puede considerarse exitoso.

Además, la crisis se presenta como un fenómeno reciente o inducido. Esto ignora sus raíces históricas: escándalos de corrupción sistémica (4), integración vertical descontrolada e irregularidades masivas, como la facturación de servicios para más de 471.000 fallecidos por un total de 2 billones de pesos colombianos (5). Estas no son fallas accidentales, sino características inherentes de un modelo que institucionalizó la intermediación financiera del derecho a la vida.

Resulta preocupante que Taylor se base predominantemente en sectores vinculados al mercado de seguros y a las EPS (6), excluyendo las voces del personal sanitario de primera línea, los hospitales públicos y las comunidades rurales. El sistema se describe desde una perspectiva de mercado, ignorando la experiencia vivida de quienes lo padecen o lo padecen.

Finalmente, la reforma no es una iniciativa ejecutiva aislada; es el resultado de un esfuerzo programático de una década liderado por la sociedad civil y gremios profesionales como la Comisión de Segumiento de la Sentencia T-760 de 2008 (7). Si bien fue aprobada por la Cámara de Representantes, su obstrucción en el Senado coincide con informes de financiamiento de campañas para varios congresistas por parte de conglomerados propietarios de las EPS (8). Este bloqueo no parece derivar de una falta de rigor técnico, sino de la defensa de intereses privados que buscan preservar el flujo de caja a expensas de la salud pública.

El dilema en Colombia no es reforma versus estabilidad, sino la prioridad entre las ganancias y los derechos fundamentales. El sistema no se derrumba por intentos de reforma; se está reformando porque operaba mediante la negación de servicios, permitiendo el uso indebido de recursos públicos para beneficios corporativos ajenos a la salud.

Atentamente
Ana María Soleibe Mejía, MD presidenta Federación Médica Colombiana (FMC)