El informe de la ADRES: Medicamentos bajo la lupa

Foto tomada de: ADRES

La Administradora de los Recursos de la Salud (ADRES) acaba de revelar un informe que debería estremecer al país, como tantos otros escándalos del sistema de salud destapados en los últimos tres años. Su análisis de los medicamentos reportados por las EPS entre 2022 y 2023 muestra una serie de irregularidades que no pueden pasar desapercibidas: aumentos desmedidos en los costos, sobreprecios ilegales, medicamentos sin registros sanitarios y otros que ni siquiera aparecen reportados por los laboratorios ante el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED). Todo esto con recursos públicos de la salud, que son sagrados.

El documento de la ADRES muestra el contexto sobre las EPS: entre 2022 y 2023, el total de afiliados pasó de 48,4 millones a 49,1 millones, un aumento del 1,4%. Aunque este crecimiento fue desigual, pues mientras en la Nueva EPS aumenta 11,5%, en Sanitas 8,0% y en SURA 4,5%, otras como ASMET disminuyen 6,3%, Emssanar 4,2% y SOS 4%. Esto no explica el alza del 30% en medicamentos y del 35% en gastos; eso apunta a otras causas, como distorsión de precios, sobrecostos o irregularidades en los registros que no se pueden atribuir al número de afiliados.

Para entender si los medicamentos que usan las EPS cumplen con las normas, se cruzó información de varias fuentes: los registros de prestación de servicios que ellas y los prestadores de salud (IPS) presentan de 2022 y 2023, los registros sanitarios del INVIMA, los reportes de ventas de los laboratorios en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos en Colombia (SISMED) y los precios máximos de venta establecidos en la Circular 12 de 2022. Esto permitió verificar que cada medicamento tuviera un registro sanitario válido, con su forma farmacéutica, concentración y presentación correctas.

Los datos son contundentes. En apenas un año, el número de medicamentos reportados por las EPS aumentó de 260,5 millones en 2022 a 340,9 millones en 2023, un crecimiento del 30,9%. Aún más grave: el valor total pasó de 10,2 billones a 13,89 billones, es decir, un incremento del 35,6% en un solo año. ¿A qué se debe semejante salto? ¿Más enfermedades? ¿Más pacientes? No. Lo que el informe muestra es una distorsión preocupante en los precios y registros.

Por EPS, en 2022 SURA lideró con 47,8 millones de registros, seguida por la Nueva EPS con 44,6 millones y Sanitas con 33,8 millones. En 2023, la Nueva EPS pasó al primer lugar con 74,1 millones de registros; SURA tuvo 50,5 millones y Sanitas 39,4 millones.

En dinero, la Nueva EPS también fue la que más gastó. En 2022 reportó $2,4 billones y en 2023 $4,0 billones, casi el doble. Le siguieron SURA con $1,55 billones y Salud Total con $1,41 billones. Entre los mayores aumentos en valor se destaca la Caja de Compensación Familiar de Sucre, que creció 365,1%, de $14.817 millones a $68.909 millones, y Emssanar, que aumentó 27,8%, de $38.431 millones a $137.516 millones.

Pero hay más. Cuarenta y siete millones de medicamentos reportados en 2023, con un valor de $1,7 billones, no registraban ventas en el SISMED durante más de 12 meses, un hallazgo sumamente grave. Para quienes no conocen el sistema colombiano, el SISMED es la base oficial donde se reportan todas las ventas de medicamentos en el país: quién los vende, a qué precio y en qué cantidad. Por eso, cuando un medicamento no aparece reportado en SISMED durante tanto tiempo, pierde toda trazabilidad sobre su origen y pone en duda su calidad, su legalidad y la transparencia de la EPS que lo reportó. ¿Se trata de fraude? ¿Sobrecostos? ¿Registros duplicados? Sea cual sea la respuesta, el hecho de que 47 millones de entregas estén en esa situación es escandaloso. Refleja una falla estructural en los mecanismos de control del gasto farmacéutico.

Entre 2022 y 2023, la ADRES identificó un incremento preocupante en los medicamentos reportados por las EPS que presentaban algún tipo de irregularidad en su autorización de comercialización. (Ver Decreto 677 de 1995 Nivel Nacional) En 2022 se registraron 5,01 millones de casos con alerta, equivalentes al 1,9% del total de medicamentos reportados, por un valor de $116.697 millones. La mayor proporción correspondió a la EPS Mutual Ser con 7,6% y Comfaoriente con 5,2%. Para 2023, esta cifra subió a 8,1 millones de registros, el 2,4% del total, con un valor de $188.706 millones, lo que evidencia un aumento tanto en cantidad como en valor. Dentro de estas alertas se detectaron medicamentos con registro sanitario vencido, entregados hasta 360 días después, en trámite o incluso fabricados bajo modalidades no autorizadas para su comercialización en el país.

Lo más preocupante es que en 2023 se duplicó la cantidad de medicamentos entregados con registros sanitarios vencidos por más de un año: pasaron de 1,6 millones en 2022 a 3,3 millones en 2023. Ese año, las EPS que lideraron los mayores porcentajes de estos casos fueron CCF Chocó con 6,3%, SURA con 4,5% y Anas Wayuu con 3,8%. También se encontraron medicamentos reportados como “muestras médicas” o con registros solo para exportación, que no deberían circular en el sistema de salud colombiano.

Entre 2022 y 2023 se redujo casi por completo el uso de registros de medicamentos en modalidad “fabricar y exportar”, que son aquellos medicamentos con permiso para producirse en Colombia, pero no para venderse o comercializarse dentro del país. En 2022, Coosalud y Mutual Ser lideraban con proporciones de 0,4 y 0,3 por mil, pero para 2023 la alerta prácticamente desapareció, quedando solo Coosalud y Anas Wayuu como casos aislados.

Y el hallazgo más escandaloso: la ADRES identificó 6.435.564 medicamentos cobrados por encima del precio máximo permitido, representando el 1,9% del total de medicamentos registrados. Solo esas diferencias de precios implican sobrecostos superiores a $514.000 millones. Las EPS con mayor incidencia de este tipo de registros fueron Ferrocarriles, Capresoca, Salud Mía, Capital Salud y Salud Total.

El análisis muestra que varias EPS pagaron por algunos medicamentos más de lo permitido por la ley. SURA tuvo el mayor exceso, con $131.203 millones, seguida por Salud Total con $123.721 millones, Coosalud con $40.691 millones y Savia Salud con $38.856 millones.

Esto significa que, en varios casos, se vendieron medicamentos por encima del precio máximo autorizado, incluso sumando el margen permitido, según la Circular 13 de 2022, que establece el listado de los medicamentos sujetos al régimen de control directo de precios y fija el precio máximo de venta y el precio por unidad de regulación de Medicamentos Vitales No Disponibles. Esta situación debe ser revisada por las autoridades que controlan el uso del dinero del sistema de salud, ya que superar los precios fijados por la ley puede generar sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con la Ley 1438 de 2011. Además, ningún intermediario puede subir los precios máximos de venta, según la misma norma.

Este hallazgo no es un error; se trata de un desvío masivo de recursos públicos de un sistema que hoy dice estar en crisis financiera. Mientras hospitales y clínicas pequeñas luchan por recibir pagos, las cifras revelan un gasto inflado en medicamentos que no se corresponde ni con la realidad sanitaria ni con la regulación vigente.

La ADRES, con prudencia técnica, aclara que su papel no es investigar causas ni responsables, sino evidenciar las anomalías. Pero los resultados no dejan dudas: hay que actuar. Las entidades de control —Contraloría, Superintendencia de Salud, Superintendencia de Industria y Comercio— deben asumir este informe como otra alerta roja sobre el manejo de los recursos de la salud.

Lo que este documento muestra es que el problema del sistema no es la falta de dinero, sino cómo se usa y quién lo maneja. La opacidad y la intermediación siguen permitiendo que se distorsionen los precios y que se pierdan miles de millones de pesos destinados a la atención de los colombianos.

La salud no puede seguir siendo el negocio de unos pocos. Este informe de la ADRES desnuda la verdadera enfermedad del sistema: la tolerancia estructural con el abuso de los recursos públicos (Ver Contraste de información de prestación de servicios a personas con estado de afiliación fallecido en la base de Datos Única de Afiliados en el marco de la mesa de trabajo participativa, en cumplimiento del Auto 007, 089 y 504 de 2025 de la Honorable Corte Constitucional).

Ver en Revista Sur.