“Velamos por la profesión médica, por su ejercicio ético en condiciones laborales dignas y justas y por
la salud de los colombianos”.

Artículo 3º. Estatutos. Capítulo I

Órgano asesor y consultivo del Estado en materia de salud pública desde 1935 (Ley 67 de 1935 y Ley 23 de 1981).

Organizaciones, populares, sociales piden al Congreso aprobar la reforma a la salud

Comunicaciones FMC | diciembre 11 de 2023

Foto: Presidencia

Invitamos a las agremiaciones sindicales, sociales, comunitarias, movimientos sociales, profesionales de la salud, comunidades y organizaciones afrocolombianas, indígenas, de mujeres, población LGBTIQ+, personas con discapacidad, jóvenes, veedurías ciudadanas, educadores, ediles, comunales, ambientalistas, que respaldan la reforma a la salud en Colombia para que con su firma hagamos un llamado al Congreso de la República, y en especial a la Cámara de Representantes, para que aprueben el proyecto de Reforma estructural a la Salud, la cual busca modificar la Ley 100 de 1993, fiel reflejo en lo nacional de los dogmas neoliberales que se vienen imponiendo a escala global desde la década de los 80 del siglo pasado.

Esta Ley ha generado infinidad de efectos negativos: miles de muertes previsibles, cierres de clínicas y centros hospitalarios públicos y privados, malversaciones y quiebras multimillonarias de muchas EPS producto del desvío de recursos a sus negocios privados y a la integración vertical, deshumanización de la práctica médica, deterioro de las condiciones laborales y salariales de los profesionales de la salud, múltiples barreras de acceso a la atención sanitaria, entre otros, lo que obligan a que se interpongan infinidad de tutelas y derechos de petición. Quizá su único beneficio ha sido la ampliación de la cobertura.

Pero a cambio de eso, permitió el enriquecimiento de algunos empresarios e inversionistas del país y del exterior que se han encargado de generar caos, ineficiencia, deterioro de un servicio que es un derecho humano fundamental, junto con sus determinantes sociales (seguridad alimentaria, agua, vivienda, cultura, saneamiento básico, ambiente sano, trabajo decente) para convertirse en un bien de mercado, en una mercancía.

Por eso es necesario reformar ese sistema, como lo vienen reclamando desde hace 30 años algunas agremiaciones médicas y no médicas, sindicatos, movimientos sociales, ligas de usuarios, etc.

Esa promesa electoral se plasmó en el proyecto de Reforma que la entonces ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, radicó en el Congreso para su discusión, y que propone, entre otros puntos: 1) cambiar el rol de las EPS por Gestoras de Salud, quienes coordinarán redes y auditorias, no manejarán recursos, ni tendrán afiliados; 2) crear centros de atención primaria privados y mixtos con énfasis en territorios abandonados (que es el eje de la propuesta); 3) implementar un esquema preventivo y predictivo; 4) girar el dinero directamente a los proveedores del servicios (las IPS: hospitales y clínicas); 5) mejorar la situación laboral de los trabajadores y reconocer el papel de la mujer en el sector; 6) transitar de un modelo poblacional a uno territorial; 7) recuperar la autoridad sanitaria; 8) construir un sistema único de información en línea; 9) desplegar “un plan de choque intersectorial para enfrentar el hambre y la desnutrición, superar los efectos de la pandemia y reducir la mortalidad materna, perinatal e infantil”; 10) luchar contra la corrupción.

Sin embargo, muchos senadores y representantes a la Cámara se oponen a la Reforma, incluidos, en los últimos días, algunos de la coalición de gobierno.

Es ante este peligro, que nos retrotraería al espíritu neoliberal de la Ley 100, que instamos del modo más enérgico a los parlamentarios de las Comisiones séptimas de la Cámara de Representantes y del Senado de Colombia, así como a las plenarias de ambas cámaras legislativas, para que estén a la altura de su labor constitucional que es promulgar, modificar o derogar leyes que beneficien a la mayoría de la población que representan.

Solicitamos igualmente al Congreso de la República y al gobierno nacional garantizar una amplia, diversa, autónoma y democrática participación de las comunidades y de los distintos procesos, organizaciones y movimientos en defensa del derecho a la salud que desde hace años hemos venido resistiendo el sistema de salud mercantilizado y privatizado que hoy existe en Colombia para hacer propuestas de cambio de las condiciones de la vida, la salud y el medio ambiente.

Apóyanos con tu firma, comparte esta petición

· Asociación Escuela Ciudadana

· Centro para la transformación de los conflictos y la construcción de paz, Transformapaz

· Pacto Nacional por la Salud y la Vida

· Federación Vallecaucana de ONG

· Veeduría en Salud, Veersalud

· Federación Médica Colombiana

· Médicos Unidos de Colombia

· Junta Médica Nacional