Urge una nueva Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN)

Desde el año 2005 se realiza la ENSIN en Colombia, uno de los instrumentos más importantes para rastrear diferentes realidades sobre el tema de la nutrición en el país. Se aplica cada 5 años y “hace parte de las encuestas poblacionales de interés estratégico para la política pública” (MinSalud). Es a partir de este insumo estadístico —complementario de otros estudios e investigaciones de academia y ONG’s— que se han construido los argumentos para la presentación de proyectos de ley relacionados con los llamados “impuestos saludables” que existen en Colombia desde 2016 (impuesto al cigarrillo).

A partir de la encuesta, en sus tres versiones consecutivas (2005, 2010 y 2015), se ha podido constatar que el sobrepeso y la obesidad van en aumento, al punto de llegar a niveles críticos que afectan la salud pública. Hace 8 años, el Ministerio de Salud y Protección Social, el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), el Instituto Nacional de Salud, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Universidad Nacional de Colombia, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), llevaron a cabo la última ENSIN y revelaron que el 56% de las personas adultas vive con obesidad o sobrepeso, así como 1 de cada 4 escolares menores de 18 años. La metodología de la encuesta consistió en visitar 52 mil hogares en el territorio nacional, donde se hicieron diferentes exámenes: muestras de sangre para un rastreo fisiológico, bioquímico, contenido de vitaminas, minerales, y toma de medidas antropométricas (peso y talla) que dieron cuenta del estado físico y nutricional de las familias. Con preguntas como: ¿Qué comen?, ¿cómo cocinan los alimentos?, ¿hace ejercicio?, ¿cada cuánto lacta a su hijo?, se analizaron algunos indicadores: talla para la edad, peso para la edad, peso para la talla e índice de masa corporal.

Casi al mismo tiempo, la OMS comenzaba una campaña para reducir la obesidad, causa principal de enfermedades crónicas no transmisibles, entre las que se encuentran las enfermedades cardiovasculares, que causan la muerte de 17.9 millones de personas cada año, y la diabetes, que mata a 1.6 millones de personas anualmente. La “pandemia mundial de obesidad” que se debe principalmente a cambios en el sistema alimentario mundial, se relaciona directamente con el consumo de productos ultraprocesados y bebidas endulzadas, unido al sedentarismo que imponen las dinámicas laborales y de entretenimiento mediadas por las pantallas.

Una de las recomendaciones de la OMS para atacar la pandemia de la obesidad, es que los gobiernos nacionales creen impuestos saludables. Así lo acaba de hacer Colombia a través de la Ley 2277 de diciembre de 2022, más conocida como reforma tributaria, con dos impuestos: uno a las bebidas ultraprocesadas azucaradas, y otro a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas. Se trata de un gravamen a la producción, venta, retiro de inventarios e importación. Entre las bebidas ultraprocesadas están:

• Extracto de malta, jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva y el agua de coco), mezclas en polvo de extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate, aguas incluida el agua mineral y la gaseada con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada.

Por su parte, se gravarán 21 productos comestibles ultraprocesados de la canasta familiar, con alto contenido de azúcar, grasa saturada y sodio:

• Dulces, mermeladas, galletas, chitos, cereales listos, chocolates, pasteles, donas, arepas, pizzas, empanadas, postres, platos listos congelados, pastas con salsas, helados, papitas, chorizos, morcilla, jamón, salchicha, salsa de tomate.

La medida, considerada por muchos expertos como la más ambiciosa de Latinoamérica, busca desincentivar el consumo de estos productos que, además de ser ultraprocesados, tienen un bajo aporte nutricional. Así las cosas, se espera beneficiar a toda la población, generar ingresos públicos, ahorrar en costos de atención en salud y eliminar parte de las trampas de pobreza, toda vez que se previenen enfermedades asociadas a la mala alimentación que se da principalmente en las clases más desfavorecidas por circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales por todos conocidas.

Legislar al respecto no fue fácil, porque se enfrentaron muchos poderes. Por un lado, el lobby de la industria agroalimentaria tan presta a cuidar sus ganancias con el apoyo de partidos políticos y congresistas; por el otro, la sociedad civil representada en organizaciones no gubernamentales y colectivos de abogados con objetivos claros de protección de la salud humana y el consumo responsable, quienes parten del precepto de que la industria no responde por las enfermedades que genera con sus productos. Ya en 2016 se había “engavetado” una propuesta similar. De acuerdo con el análisis de la organización Linterna Verde, expertos en investigación digital: la ANDI, Fenalco y varios sectores políticos “impulsaron una narrativa que la retrataba como un obstáculo para la creación de empleo y un ataque a los empresarios”, mientras que las redes sociales interpretaban la situación como una lucha entre los “poderosos” y el resto de la sociedad. En 2021, el Congreso de la República aprobó la ley de etiquetado de alimentos, contra la “comida chatarra”.

Se espera que estos nuevos impuestos saludables generen impacto a mediano y largo plazo en la salud de la población. Sin embargo, la pandemia de la obesidad y el sobrepeso requiere otras medidas de choque. Para ello es necesario realizar una nueva Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia con la cual se pueda construir una política de alimentación saludable. Urge actualizar los datos referentes a las prácticas alimenticias de los y las colombianas, con el fin de avanzar en programas de educación nutricional en el marco de una medicina preventiva y predictiva que disminuya los factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles.