Los alcances de la Supersalud se ponen a prueba

Recientemente han circulado varias noticias relacionadas con la Superintendencia Nacional de Salud. Asimismo, en las redes sociales se ha visto cómo las personas recurren a la entidad para emitir una queja, pedir ayuda y expresar el descontento frente a la atención de las EPS. Esta relevancia mediática da cuenta de una situación: la llegada del nuevo gobierno y su lema “Colombia potencia de la vida”, con su promesa de cambio representado en proyectos de reforma social de gran importancia (pensional, laboral, salud…), se manifiesta también en la misión de este organismo que busca garantizar el derecho fundamental a la salud en todo el territorio.

Creada en el año 1977, la Supersalud ha sido objeto de algunas reestructuraciones. Una de las más importantes fue la de 1991, cuando gracias a la nueva Constitución Política (artículo 20 transitorio) se expidió el Decreto 2165 de 1992. La entidad pasaría a ser una autoridad técnica de inspección, vigilancia y control en relación con el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias a que están sujetas las entidades que prestan servicios de salud. Del mismo modo, quedaba encargada de inspeccionar la eficiencia en la aplicación y obtención de los recursos de las entidades del sector salud. 

Si bien en el papel su alcance es amplio, dadas las facultades sancionatorias, conciliatorias y jurisdiccionales que posee, históricamente los resultados de la Supersalud han brillado por su ausencia en términos de defensa real de los derechos de los ciudadanos y de puesta en marcha de su aparataje con capacidad resolutiva. Al respecto, la presidenta de la Federación Médica Colombiana, Dra. Ana María Soleibe, en su artículo titulado: Narrativas en contraste: ¿la intervención de la Supersalud causó una crisis de la Red Hospitalaria del Valle?, reflexiona sobre el rol que ha cumplido la Superintendencia en otros gobiernos y cuestiona la falta de independencia y de autonomía, razón por la cual su actuar se ha visto minimizado.

Una simple búsqueda en Google con los nombres de anteriores funcionarios de Supersalud arroja resultados noticiosos que hacen referencia a los vínculos que estos tuvieron con partidos políticos y congresistas quienes, por extrañas coincidencias, han tenido directa o indirectamente un interés “particular” —en todo sentido de la palabra— en el sector de la salud. A manera de ejemplo, baste mencionar a Conrado Adolfo Gómez Vélez o Fabio Aristizábal Ángel, exsuperintendentes de Salud en épocas recientes. Aquí una muestra de algunos titulares: 

“Investigan presuntos nexos de Dilian Francisca Toro en nombramiento de interventores en Supersalud”. (13 de julio de 2012) 

“Denuncian al superintendente de Salud por presunta corrupción en contratos”. (10 de febrero de 2021) 

“La denuncia del Veedor Nacional de Salud al Supersalud, Fabio Aristizábal”. (21 de noviembre de 2020) 

“¿Quién es Conrado Gómez?” (23 de julio de 2021) 

Ante los logros positivos de la actual Supersalud —bajo la dirección de Ulahy Beltrán, médico cirujano especialista en Gerencia de Servicios de Salud, con estudios en Seguridad Social—, se puede afirmar que por fin la entidad cumple a cabalidad con su misión de control y vigilancia efectiva del manejo de los recursos públicos que administran los privados. A juzgar por las medidas que ha tomado en tan sólo un año, en concordancia con el mandato constitucional del derecho universal a la salud, la nueva dirección de la entidad vino a paliar la crisis de un sistema que después de 30 años de vigencia pide a gritos una reforma estructural. Un enfoque acorde con un gobierno para la vida. 

Entre las medidas de mayor trascendencia está la intervención de Asmet Salud y de Emssanar, dos EPS con presencia nacional, a través de la imposición de medidas cautelares (6 de marzo y 9 de mayo del 2023). Una decisión tomada luego de comprobar la inadecuada prestación de los servicios de salud y el manejo inapropiado de los recursos públicos que les fueron asignados. 

Igualmente, cabe mencionar la formalización de un nuevo modelo para atender las reclamaciones de los pacientes que se ven afectados por desatención de las Entidades Promotoras de Salud, un enfoque que busca garantizar el derecho a la salud con un recurso “más eficiente que una tutela”. Se trata de un nuevo mecanismo de clasificación y radicación de las peticiones, quejas y reclamos en salud, según una redefinición de motivos (antes eran 300, ahora son 37) que permitirá respuestas más rápidas a los pacientes. Antes se ofrecían dos tipos de riesgo: 1) 5 días hábiles de respuesta para reclamos regulares. 2) 2 días hábiles para reclamos de riesgo de vida. Con esta nueva política de gestión se crean 3 tipos de clasificación del riesgo:​

• Reclamos de riesgo vital con 24 horas máximo para resolver de fondo por parte de la EPS.
• Reclamos de riesgo priorizadocon 48 horas de respuesta.
• Reclamos de riesgo simple con 72 horas para su resolución.​

“Cuando se presenta una denegación del servicio, se realizará el traslado de forma periódica bimensual a la Contraloría General de la República mediante acceso compartido, esto con el fin de iniciar las investigaciones que dé a lugar o para identificar presuntos hallazgos fiscales en detrimento de los recursos públicos asignados a la salud”. (tomado de la Supersalud)”.

Una Supersalud del lado de la ciudadanía viene a oxigenar el ambiente, o si se quiere, y para hacer uso de otra metáfora, a servir de salvavidas en pleno naufragio, que es como se ve la crisis del sistema de salud en Colombia. Esperemos que con su trabajo se sancionen, entre muchas otras conductas arbitrarias de las Entidades Promotoras de Salud, el pago selectivo y discriminatorio al personal de los hospitales y la negación de los servicios a los pacientes por la inexistencia de contratos con prestadores bajo la excusa de la iliquidez. En tal sentido, sólo queda rodear a la Superintendencia de Salud bajo el mando del Dr. Ulahy Beltrán, y apoyar su labor desde nuestro gremio médico.