Mediante un comunicado lanzado en las últimas horas, el Comité Nacional de Paro decidió convocar a una nueva jornada de movilizaciones masivas en todo el territorio nacional. Desde que se dio inicio al Paro Nacional el pasado 28 de abril del presente año, han sido muchas las violaciones a los Derechos Humanos efectuadas por el Estado y la Fuerza Pública contra quienes protestan.
El ambiente se ha tornado tenso y, hasta el momento, la cifra de personas asesinadas en medio de manifestaciones y enfrentamientos ha ascendido a más de 70, aunque el Ministerio de Defensa dice que son menos. Asimismo, se ha visto un actuar no aceptable por parte de la policía, pues la institución ha sido acusada de la desaparición forzada de más de 130 manifestantes que no volvieron a sus casas después de ser partícipes de movilizaciones y protestas.
En los últimos días se conoció que Esteban Mosquera, líder social estudiantil del Cauca y periodista independiente, fue asesinado mientras se encontraba en su residencia en Popayán. Los hechos son confusos, pero las investigaciones indican que la Fuerza Pública está detrás de su asesinato, pues se ha denunciado que policías vestidos de civil estuvieron escondidos en cercanías al lugar del acontecimiento antes y después del asesinato. En el 2018 el violento accionar del ESMAD le quitó uno de sus ojos y le apagó la vista, pero ahora su vida se apagó por completo.
Sin embargo, a esto se suman los asesinatos de otros líderes y lideresas sociales, las 67 masacres ocurridas hasta el momento, los asesinatos de excombatientes de las FARC firmantes de la paz y la persecución sistemática a jóvenes que salen a protestar por un verdadero cambio.
El Gobierno Nacional ha implementado una nueva idea de que la protesta social es un acto terrorista y ha condenado a al menos 165 manifestantes por terrorismo. Ha criminalizado el hecho de expresarse libremente y, algunos líderes políticos como Gustavo Petro, han afirmado que dichos capturados se han convertido en presos políticos.
La negativa del Estado a acatar las observaciones y recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha causado, a su vez, un mayor descontento tanto de la población civil como de la oposición. Asimismo, no han mostrado avances verdaderamente significativos con respecto al pliego de peticiones realizado por el Comité Nacional de Paro con los diez proyectos de ley planteados en el denominado Pliego Nacional de Emergencia, sino que por el contrario, se ha visto un interés en archivar estas peticiones o retrasar su estudio para, por el contrario, volver a sacar una nueva reforma tributaria.
Por estas y muchas más razones, la ciudadanía volverá a movilizarse en todo el país con la intención de, una vez más, gritar y exigir el respeto a la vida, al ecosistema y a la integridad física y social de las personas. Porque la protesta no se puede volver ilegal como lo pretendió el ministro de defensa Diego Molano al ilegalizar los bloqueos; tampoco se pueden capturar a los manifestantes por ejercer el derecho que por constitucionalidad les pertenece como lo es el de la libre expresión y el de la protesta, contemplado en el Artículo 37 de nuestra Constitución Política.
Una vez más, el país se tomará las calles para exigir el cese de la violencia y de la fuerte represión ejercida por el ESMAD con su uso desmedido de la fuerza, el uso inapropiado de sus armas o la modificación de las mismas, junto el actuar terrorista que, para muchas personas, ya ha podido ser catalogado como el de una dictadura o un régimen.
Por: Prensa Oficina de Comunicaciones
Federación Médica Colombiana
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