Carolina Piñeros, directora ejecutiva de la corporación Red PaPaz, acaba de lanzar un SOS: al proyecto de Ley 347 del 2020, conocido como ‘Ley de la comida chatarra’, se le acaba el tiempo: necesita ser citado, discutido y aprobado en su último debate en el Senado, antes del 20 de junio.
“De lo contrario se hunde y el trabajo de estos años se pierde por completo”, dice Piñeros, una de las principales promotoras de esta iniciativa, que busca fomentar entornos alimentarios saludables y contribuir con la prevención de enfermedades no transmisibles, como la diabetes.
¿Qué propone el proyecto sobre el etiquetado?
Que los productos que tienen exceso de azúcar, de sodio, de grasas saturadas o que contienen edulcorantes, lleven un sello frontal en sus empaques que les advierta esto a las personas, de manera clara.
La industria dice que se sataniza a sus productos…
No. Ese sería el único cambio que se introduciría en sus empaques. Simplemente se aporta información clara, visible y veraz; la idea es que, al consumir estos productos, la gente lo haga de manera informada.
¿A qué atribuye el hecho de que hoy no tengamos una ley que regule los etiquetados?
A la presión de la industria y al lobby enorme que se hace para que proyectos como este no salgan adelante; además, hay senadores que tienen intereses en ella. Aun así, creemos que si se agenda el debate final, hay buenas posibilidades de que el proyecto se apruebe.
¿De qué depende que se complete su trámite?
De que el presidente del Senado, Arturo Char, cite el último debate, antes de que termine el presente periodo legislativo, el próximo 20 de junio. Si eso no se logra, vamos a perder el esfuerzo hecho estos años, porque se hundiría. Tendríamos que volverlo a presentar y empezar desde cero en la próxima legislatura. Eso ya nos ha pasado. Esta es la tercera vez que se presenta el proyecto de ley.
¿Han solicitado que se agende el último debate?
Por supuesto. Incluso creamos la plataforma Entre Todos, a través de la cual estamos enviando misivas a la mesa directiva del Senado, pidiéndole que lo cite. Sé que por este medio han recibido miles de cartas con la solicitud. Se trata de un ejercicio ciudadano.
¿Qué tanto afecta a la salud pública la falta de este tipo de regulaciones?
Es importante aclarar que Colombia no ha adoptado ninguna de las cuatro recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, para contener la epidemia de sobrepeso y obesidad: impuestos saludables a bebidas azucaradas, etiquetado, restricción a la publicidad de comidas no saludables dirigidas a niños, y generación de entornos escolares alimentarios saludables. La próxima Encuesta Nacional de Situación Nutricional nos dirá de qué tamaño es la afectación, pero lo que seguramente veremos es que han seguido incrementándose el sobrepeso y la obesidad, que predisponen al desarrollo de enfermedades no transmisibles, como la hipertensión y la diabetes.
En particular las niñas, niños y adolescentes; con esta falta de regulaciones estamos condenando a estas generaciones a padecer enfermedades no transmisibles, a edades cada vez más tempranas. La pérdida de años de vida saludable es incalculable. Además, las personas mayores que ya sufren problemas como diabetes e hipertensión, no tienen hoy cómo saber qué productos contienen, por ejemplo, exceso de sal o de azúcar. Algunos son muy evidentes, otros no tanto. Para la muestra está un estudio de la Universidad Javeriana que nos mostró que el 97 por ciento de los cereales de caja que se venden en Bogotá, tienen niveles altos de azúcar. Eso tiene que cambiar.
‘La industria no se opone al etiquetado’
“Queremos una norma que, sin satanizar a la industria, nos permita evolucionar en el objetivo de brindar mejor información”. De esta manera resume Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Alimentos, la postura de este sector frente a la iniciativa de ajustar los etiquetados de productos que son consumidos de manera masiva, como las comidas de paquete, las bebidas azucaradas y la panadería industrial.
Afirma que, conscientes de la necesidad de que evolucione la norma de etiquetado en el país, han expuesto abiertamente sus argumentos y propuestas en el Congreso estos años, durante el trámite de proyectos de ley como el 347, “me parece lamentable que las ONG califiquen eso como lobby indebido”.
Explica que no se oponen a hacer ajustes en las etiquetas, “de hecho, desde la Cámara de la Industria de Alimentos, en representación de sus afiliados, hemos venido trabajando desde febrero del año pasado, con el Gobierno e incluso con algunas ONG, con la Cámara de Bebidas y todos los interesados, en lograr que Colombia adopte el etiquetado frontal de advertencia”.
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Y señala que, como sector industrial de alimentos, tienen el interés de que avancen las normas al respecto, para que los consumidores puedan acceder a mejor información y adopten dietas más balanceadas.
Fruto de ese trabajo, asegura, “estamos a semanas de que el Gobierno emita el reglamento técnico al respecto, que surtió un trámite de consulta pública nacional y luego de consulta pública internacional. Se recibieron más de 4.000 comentarios de al menos 300 organizaciones”.
Frente al proyecto 347 dice que en el informe de ponencia para plenaria de Senado se incluyeron temas con los que no están de acuerdo, y que afectan aspectos que consideran claves, como la posibilidad de hacer declaración nutricional de algunos productos en las etiquetas (las propiedades que tiene) y restricciones a la publicidad.
Afirma que la industria no se opone al trámite de proyectos como el 347 y que tampoco buscan que se hundan, “pero sí pedimos que se tomen en consideración puntos como estos, que rayan con la satanización de los productos y de la industria. Ejemplo de que eso ocurre es que las ONG insisten en llamar a este proyecto ‘ley de la comida chatarra’”.
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