“Velamos por la profesión médica, por su ejercicio ético en condiciones laborales dignas y justas y por
la salud de los colombianos”.

Artículo 3º. Estatutos. Capítulo I

Órgano asesor y consultivo del Estado en materia de salud pública desde 1935 (Ley 67 de 1935 y Ley 23 de 1981).

Para las organizaciones de derechos humanos, es claro que el Gobierno tiene el deber de prevenir y evitar la exposición a sustancias y desechos peligrosos.

Más de 20 organizaciones de derechos humanos le solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la realización de una audiencia temática con la que buscan que se ampare los derechos a la vida, integridad personal, la salud, al medio ambiente sano, al acceso a la información y la participación en las decisiones ambientales y la consulta previa, entre otros.

La solicitud la hacen, a su juicio, como consecuencia de las “arbitrarias medidas” encaminadas a la reactivación, por parte del Gobierno Nacional, del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión con Glifosato, Pecig.

“Lo anterior tiene como objeto que la Cidh conozca toda la información concerniente al incumplimiento del Estado colombiano respecto a su obligación de protección. Desde la sociedad civil consideramos necesario que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos conozca los efectos que esta política ha tenido en los derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Cadh, y específicamente, en perjuicio de grupos en situación de vulnerabilidad como comunidades indígenas, afros y campesinas”, dice la petición.

Para las organizaciones, la revisión se vuelve fundamental con el fin de evitar que más personas y comunidades sean afectadas por la aspersión aérea con glifosato.

El documento expone que desde 2019 el Estado colombiano ha insistido en priorizar la reactivación de la aspersión aérea con glifosato en el país, a pesar de la evidencia científica sobre sus efectos en la salud de la población, los daños al medio ambiente, la fragmentación social en las zonas rurales y la inefectividad de la medida para contrarrestar las actividades de los eslabones más fuertes de la cadena de narcotráfico.

“Dicha priorización desconoce las órdenes de la Corte Constitucional y el contenido de los Acuerdos de Paz que contemplan medidas menos gravosas como la sustitución voluntaria de cultivos y prevén la aspersión aérea con glifosato como la última opción”, dicen las organizaciones.

El informe elevado al tribunal da cuenta que la preocupación por dicha practica en el país trasciende a lo nacional, pues durante diciembre del año pasado entes internacionales hicieron un llamado al actual mandatario para evitar el uso del químico debido a que dicha medida atentaría y vulneraría derechos humanos protegidos por el derecho internacional y sobre los que Colombia tiene compromisos firmados.

Por: Colprensa Bogotá