Los acontecimientos de los últimos días son noticias diversas que evidencian diversos comportamientos para aumentar su importancia según el interés del anunciante. Así, en su momento pudimos ver y oír que desde antes del 28 de abril y el 1° de mayo las autoridades y los medios masivos de comunicación advertían y condenaban desmanes que aún no habían ocurrido, al tiempo que señalaban como culpables de futuros destrozos y exacerbación de la pandemia a los marchantes, organizadores y simpatizantes de la protesta, así todos ellos hubieran expresado su compromiso con el carácter pacífico y ordenado, con la instrucción de guardar la distancia física y hacer uso obligado de tapabocas y con el propósito de manifestar en esa forma la inconformidad de la población por el manejo omiso de los graves problemas actuales de violencia, desempleo, hambre e inseguridad con que el gobierno ha respondido. El detonador fue la presentación de dos proyectos de ley de iniciativa gubernamental, en estos difíciles momentos: por un lado una reforma tributaria disfrazada con el eufemístico nombre de “ley de crecimiento solidario”, que maquilla su verdadero talante expoliador contra la población menos favorecida, incluida la gran mayoría del personal sanitario, y por otro lado un nuevo intento de reforma a la salud que, en nombre de la Ley Estatutaria de Salud se burla de ella pues su objetivo es completar el proceso de privatización del sector y abrir de par en par las puertas al control de empresas trasnacionales dedicadas a los negocios financiero, asegurador, de construcción y compra de hospitales y demás componentes de infraestructura sanitaria, de venta de insumos y servicios hospitalarios y de organizaciones privadas que imparten educación en las distintas disciplinas de la medicina y demás ciencias de la salud. Este es el proyecto de ley 010, radicado con carácter de urgencia y presentado como la mágica solución a los problemas de la salud colombiana, pero en realidad recorta aún mas lo poco que queda, atiende a las personas según su capacidad de pago y minimiza la importancia de la salud pública y de los determinantes de salud. El 010 privilegia la rentabilidad financiera de los negocios privados sobre la rentabilidad social y no contempla la creación de un sistema único de información en salud que funcione en tiempo real; al contrario, mantiene los sistemas privados de información de cada empresa aseguradora que, por su carácter privado, manejan sus datos reservadamente, arrogándose el derecho de restringir la información a conveniencia propia.
Y sucedió lo anunciado: grupos ajenos a las marchas ejecutaron desmanes y actos de violencia que no fueron controlados por la fuerza pública por estar ocupada en reprimir mediante golpes, disparos con armas de fuego contra los marchantes, y detenciones arbitrarias apreciadas en un video en el que un Senador de la república denuncia y muestra a miembros de la policía que golpearon a manifestantes en el interior de un vehículo de la misma institución en la ciudad de Cali.
En la tarde del 2 de mayo el presidente Duque anunció el retiro del proyecto de reforma tributaria. Lo mismo debería hacer con el 010. No es posible aceptar la represión, la persecución ni la judicialización del legítimo derecho a la protesta y mucho menos la muerte como precio por ejercerlo ni creer que con el retiro de su proyecto acaba todo. Hay que rechazarlas y condenarlas. El gobierno presentará otra reforma tributaria, como ya lo hizo con el 010. Y todo será dicho en nombre de la democracia y en contra de los que, según el gobierno y los medios masivos de comunicación, con sus protestas agravan la pandemia. ¡Habrase visto!
Sergio Isaza
Presidente FMC
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