“Velamos por la profesión médica, por su ejercicio ético en condiciones laborales dignas y justas y por
la salud de los colombianos”.

Artículo 3º. Estatutos. Capítulo I

Órgano asesor y consultivo del Estado en materia de salud pública desde 1935 (Ley 67 de 1935 y Ley 23 de 1981).

Cuando se escribió esta nota estaban sucediendo desde hace 6 días en nuestra ciudad hechos que nunca pensamos que pudieran suceder ya que solo lo habíamos leído en notas de prensa sobre lo sucedido en otras latitudes donde impera la represión, el desconocimiento de los derechos ciudadanos más elementales, la libertad individual, e incluso, la vida de la sociedad civil. 

Cali, desde la época de la colonia, ha sido un centro neurálgico de nuestra nación. Sitio de confluencia del norte y centro del país urbano, industrializado y dominante, y la región pacífica migrante, pobre, sin oportunidades y olvidada desde entonces, de manera sistemática, por el estado colombiano. 

La ciudad se convirtió en un centro de recepción de poblaciones enteras de afrodescendientes del litoral pacífico y de la selva chocoana, así como también de las comunidades indígenas del sur del país creando un conglomerado variopinto, pero que tiene como denominador común la pobreza, la miseria, la falta de oportunidades para subsistir y progresar y un alto índice de marginalidad. 

En Cali confluye uno de los mayores índices de desocupación, pobreza absoluta y pobreza extrema. Lo que está ocurriendo, el grito de protesta que nos tiene llenos de zozobra, es la voz de la gente herida por siglos de injusticia social, de falta de solidaridad de los poseedores de la riqueza que han conseguido con la explotación de estas comunidades marginadas, y donde fácilmente, se pueden colar vándalos que buscan deslegitimar el sentido real de la protesta justa. 

El gobierno del “corazón grande” ha desatado la más violenta represión de las fuerzas armadas y organismos de seguridad contra de la población civil, como no se había visto nunca en nuestra región. 

Las fuerzas especiales de la policía nacional y puntualmente la más agresiva, el ESMAD, arrasaron literalmente con grupos de personas que integraban las marchas o que estaban como espectadores produciendo una serie víctimas de toda clase de atropellos con rabia, con sevicia. 

Para mayor estupor de la ciudadanía el Presidente de la República ordena militarizar la ciudad con un ejército que está integrado por jóvenes entrenados para la confrontación armada directa, como si toda persona fuera un enemigo, pero que nunca han tenido un mínimo entrenamiento para dialogar o negociar con sus contrincantes. 

La sociedad civil está integrada por gente joven que lo único que exige es tener oportunidades para labrar un mejor futuro con educación, salud de calidad, un trabajo digno y bien remunerado, es decir, la oportunidad de una vida digna. 

La rebeldía es un acto de amor propio a los demás y a las cosas por las que vale la pena vivir y hasta morir por ellas. Estamos totalmente de acuerdo con esos principios. 

Hasta la noche de ayer (mayo 4 de 2021), las cifras parciales y las únicas que se conocen de manera aproximada – ya que los medios callan-, y publicadas por la Personería de Cali revelan que 11 personas murieron, 120 fueron heridas, 60 desaparecidas y 300 detenidas y un estado de temor de los habitantes de la ciudad. 

El informe da cuenta de ataques a las sedes de oficinas como el Observatorio Brayan de HRI (ONG de Derechos Humanos Internacional), daños enormes a la estructura del transporte público, a entidades públicas y privadas, a lo cual se añade el bloqueo de carreteras, desabastecimiento de alimentos, combustibles, e incluso del suministro de insumos para el tratamiento de los pacientes COVID y no COVID en urgencias y en Unidades de Cuidado Intensivo de los centros hospitalarios. 

Esta terrible situación obligó a las autoridades departamentales de Salud Pública a declarar la ALERTA ROJA HOSPITALARIA, la cual respaldamos, suspendiéndose toda actividad de salud electiva, de consulta externa o procedimientos no urgentes, y disponer todo el talento humano y los recursos en salud para atender, exclusivamente, los servicios de Urgencias y UCI y así tratar de dar respuesta a las necesidades de salud y salvar las vidas de las personas más críticas que acuden a la red hospitalaria. 

Como gremio médico vallecaucano expresamos nuestro total rechazo a la actitud del gobierno ante la represión violenta, inconstitucional, irrespetuosa de los mínimos derechos humanos de la sociedad civil colombiana, sin mencionar en ningún momento la posibilidad de dialogo de concertación, de comprensión y de justicia social con la población. 

Lo hacemos con firmeza y convicción, fundamentados en la Ley de Ética Médica que dice: “La medicina es una profesión que tiene como fin cuidar de la salud del hombre y propender por la prevención de las enfermedades, el perfeccionamiento de la especia humana y el mejoramiento de los patrones de vida de la colectividad, sin distingos de nacionalidad, ni de orden económico, social, racial, político o religioso. El respeto por la vida y los fueros de la persona humana constituye su esencia espiritual. Por consiguiente, el ejercicio de la medicina tiene implicaciones humanísticas que le son inherentes”. (Artículo 1. Capitulo I. Declaración de Principios de la Ley 23 de 1981). 

NO PEDIMOS MAS, PERO TAMPOCO NOS CONFORMAMOS CON MENOS 

César Prieto Ávila MD.
Presidente
Colegio Médico del Valle

Santiago de Cali, mayo 5 de 2021