“Velamos por la profesión médica, por su ejercicio ético en condiciones laborales dignas y justas y por
la salud de los colombianos”.

Artículo 3º. Estatutos. Capítulo I

Órgano asesor y consultivo del Estado en materia de salud pública desde 1935 (Ley 67 de 1935 y Ley 23 de 1981).

Para el 3 de marzo de 2021, los datos del Ministerio de Salud muestran que hemos alcanzado 191. 480 dosis de vacunas aplicadas, de un total de 292 mil dosis que ha recibido de Sinovac y Pfizer, es decir, se han puesto 14.600 dosis diarias, desde hace 20 días que empezó la vacunación, este ritmo está lejos de la meta de lograr 35 millones de colombianos vacunados este año para el logro de la inmunidad de rebaño, lo que significaría que el país alcanzará un ritmo de vacunación de aplicar 220 mil dosis diariamente. En comparación con el ritmo de otros países, como siempre, Colombia se encuentra entre los países más atrasados en el proceso de vacunación, de acuerdo al World Data (1)

Para analizar el proceso de vacunación, se requiere valorar el acceso a la vacuna, situación en la que aún Colombia, mantiene el secretismo inaceptable sobre los contratos firmados con las farmacéuticas, los compromisos de entregas que estas adquirieron con el país, por lo pronto estamos a merced de lo que se logró negociar mediante el mecanismo multilateral denominado COVAX de la OMS, ese mismo que el gobierno colombiano otrora criticó. Uno de los cuellos de botella de la vacunación es la oferta mundial, dado entre otras, por el acaparamiento de vacunas por parte de los países del norte global, situación que aún no se ha resuelto, lo que supondría una decisión de los estados de decretar la liberación de las patentes y colocar en cintura a las farmacéuticas que pugnan por hacer de la vacunación un multimillonario negocio. En la última reunión de la OMC la postura del gobierno colombiano continúa favoreciendo la postura hegemónica de esta industria en contra del interés público de la humanidad.

El otro tema, del cual quiero ocuparme con más detalle, es el plan de vacunación, que inició en Colombia el pasado 17 de febrero, en medio de un circense espectáculo, en donde hubo más fotos y ruedas de prensa que vacunaciones. En el contexto de un plan de vacunación, que consiste en un manual de funciones de lo que debe hacer cada actor del sistema, existen hasta funciones que la realizan varios, esto es como un “todos hagamos de todo, para que luego nadie responda”. El plan no cuenta con mínimo cronograma proyectado de vacunaciones conforme a los contratos con las farmacéuticas, que continúan siendo un secreto. Las definiciones de distribución por regiones, se van haciendo al día, con criterios muy poco claros, mediadas por peleas mediáticas entre mandatarios locales y el gobierno nacional sobre la distribución. Ese fue el caso del Amazonas que en la primera diapositiva en el programa del presidente “Prevención y acción”, ni si quiera aparecía, y después de un escándalo de opinión pública, se vieron en la obligación de priorizar el departamento para la vacunación que, entre otras, tiene la mortalidad más alta por 100 mil habitantes por Covid-19 en el país.

El plan define las priorizaciones por etapas, pero deja en manos de las EPS la definición de nuevas inclusiones, por encima del criterio médico. En este plan, ni el Ministerio de Salud ni las Secretarías de salud son autoridad sanitaria, son un actor más del sistema, el Ministerio es quien da los lineamientos técnicos y centraliza en una página el listado de los priorizados para la vacunación, que son enviados por listas de clínicas, hospitales, secretarías, EPS, “todos hacen de todo”. Se han presentado diversas inconsistencias en esos listados. La asociación Colombiana de Cuidados Intensivos AMCI, denunció que los médicos intensivistas que deberían ser vacunados como personal de primera línea, fueron sacados de la fila en varias ciudades del país, extrañamente se vacunaron otras personas que no son de primera línea, y dejaron a los intensivistas, que hace seis meses eran héroes, por fuera de la vacunación. Esto se presentó en Barranquilla, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca. Esta situación se repitió a lo largo y ancho del país con médicos rurales, internos, residentes, que no aparecían en los listados, siendo personal de primera línea.

Estas denuncian se hicieron públicamente, y hasta ahora nadie responde, los gobiernos locales atribuyen la culpa a las EPS, estas a las secretarías, y estas últimas a las clínicas, y se la pasan en un peloteo, en donde si se colocan algunas vacunas, hay fotos, show y celebración, pero ante las inconsistencias estructurales de un plan que desde su concepción está mal concebido, nadie responde y descargan las responsabilidades en otros. Esto no es serio, y de continuar así, no hay forma de que la vacunación salga adelante en Colombia. No existe una política pública clara de vacunación, y esto entraña el riesgo que este proceso caiga en el clientelismo máxime en época preelectoral, o en los negocios propios de los diversos actores de este fallido sistema de salud. A estos se suma que el Ministerio pretende que desde la segunda fase actores particulares puedan comercializar esta vacuna, esto de ninguna manera va a garantizar el acceso equitativo y universal de la vacunación, esto derivará en un negocio inequitativo contrario a los propósitos de la salud pública.

Lo anterior sumado a que el Ministerio de Salud emitió la resolución 166 de 2021, para los pagos y facturación del proceso de vacunación, es vergonzoso el papel de la EPS, les van a pagar otra plata, en el contexto del plan de vacunación, por aquello por lo que ya se les paga anualmente mediante el billonario giro de la UPC de recursos públicos de los colombianos. Van a cobrar por ayudar a enlistar los afiliados y por asignarlos a una red de clínicas y hospitales. El otro papel que van a cumplir es manejar la plata y las facturaciones de las clínicas y los hospitales en el proceso de la vacunación. El proceso de vacunación, puede prescindir de las EPS, de hecho, en Colombia se han vacunado a millones de ciudadanos anualmente por fuera de esta intermediación, es inaceptable que estas organizaciones, que no aportan nada en el proceso de la vacunación, y que no cumplen con los mínimos requisitos financieros para el manejo regular de los recursos de la salud usufructúen mediante esta opaca resolución unos recursos que no les pertenecen.

Se ha conocido que, en varias regiones, varias EPS ni siquiera tienen identificados sus afiliados, no los tienen ubicados, y esto es parte de la confusión en todo este plan. Uno no entiende como los gobernadores y los alcaldes no denuncian esta situación, se les atribuye la responsabilidad política por un proceso de vacunación que ellos no controlan en sus regiones porque los recursos los manejan las EPS, salvo el gobernador del Magdalena, que denunció el circense acto del gobierno nacional de hacer show con las vacunas a través de un político perteneciente a los clanes que gobernaban antes la región, ningún mandatario local ha expresado esta contradicción de un plan de vacunación, que centraliza los recursos en unos intermediarios particulares (EPS) que no aportan un valor agregado en el proceso de la salud pública, mientras se descentraliza la responsabilidad política en ellos.

Uno esperaría que gobiernos como el de Bogotá-cuyo control del 80% de su sistema de salud es del régimen contributivo a cargo de EPS que el distrito no controla- expresara y advirtiera estos riesgos al país, pero no ha sido así, existe una actitud de acomodo a la equivocada política del gobierno nacional. Estuvo bien la propuesta que desde el distrito se hizo de que las alcaldías asumieran el agendamiento de la vacunación, más allá de las barreras de acceso de las EPS, pero no se va más allá, aún el papel de Bogotá es tímido, no se acciona de manera alternativa y contundente para  desentrabar un plan de vacunación que está fallando, no se asume con contundencia el poder mediático, político, técnico y presupuestal de Bogotá en favor de plantearle una alternativa al país en defensa de la salud pública en este plan de vacunación, y en general en la pandemia, es una verdadera lástima.

En medio de este panorama, no nos queda más que la fuerza de la sociedad civil y la ciudadanía, que deberá continuar en los procesos de veeduría ciudadana, denuncia pública sobre el desarrollo de este plan de vacunación, que es una de las múltiples medidas que tendrá que tomar el país para enfrentar esta pandemia, que nos ha costado más vidas de las que nos debió costar, muchas de estos fallecimientos eran prevenibles. Insisto en el llamado a que se haga menos show con la vacuna y más políticas públicas. No se puede aceptar ningún tipo de show jugando con la esperanza, el miedo y la vida de la ciudadanía colombiana.

Foto tomada de: Alcaldía de Bogotá
Por: Carolina Corcho
Tomado de: Sur.org.co