Los médicos estamos estudiando a diario la nueva evidencia científica generada desde el inicio de la pandemia. En el primer trimestre de 2020 se habían generado más de 40.000 artículos cientificos sobre el tema. Una sola persona leyendo continuamente se demoraría más de 3 años en revisarlos todos. Esto es real, he visto pacientes agonizando por la enfermedad por coronavirus. No es invento, mueren personas de COVID-19 a diario en nuestro país y en todo el mundo.
Elegí enfrentar la contingencia por coronavirus haciendo lo que aprendí a hacer en las Universidades donde me he formado, elegí salir de la comodidad de mi casa a atender personas enfermas, no solo de COVID-19. Considero que la prestación de servicios de salud no puede seguir interrumpida, deben reactivarse todos los servicios médicos con las máximas precauciones de auto cuidado necesarias y otorgarse los elementos de protección personal al personal sanitario. Estoy seguro que la gran mayoría de colegas, están haciendo su mejor esfuerzo por aportar y arrebatarle vidas a esta nueva enfermedad y a todas las que ya conociamos.
Puede que haya casos aislados de corrupción en el gremio, no somos inmunes a esa enfermedad que ha corrompido el núcleo de nuestra sociedad, nuestro valores y principios. Hace poco fuimos señalados por medios de comunicación internacionales como el país más corrupto del mundo. Exigimos que se individualicen las denuncias, se investigue y si hay culpables por los señalamientos irresponsables generalizados del Presidente de la República Iván Duque y el Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, caiga sobre ellos todo el peso de la ley.
Sin embargo, debe aclararse que la política de incentivos que mencionó el señor Ministro Fernando Ruiz, existe desde la creación de la ley 100 de 1993 cuando se convirtió la salud en un servicio y un producto de mercado. Y en el decreto 538 del 12 de abril de 2020 se estipuló (cito textualmente) “la Canasta de Servicios y tecnologías en Salud destinados a la atención del Coronavirus COVID-19” que no es nada diferente a un estímulo económico a los prestadores de servicios de salud, es una política para reactivar el mercado de la salud, en tiempos de emergencia sanitaria y de pandemia el gobierno comercializa el derecho humano a la salud al que tenemos derecho todos los colombianos, tal cual quedó definido en la ley estatutaria de salud 1751 de 2015, que aún no ha sido implementada por el gobierno actual, que dirige el ponente de la ley 100 de 1993.
Así que la dinámica perversa de asignarle un precio a la salud de los colombianos, existe y fue creada y es estimulada por el gobierno nacional y el ministerio de salud y protección social. Esos datos hay que revelarlos para que la comunidad colombiana y el talento humano en salud que lo desconoce se enteren y comprendamos lo que se está discutiendo en el país.
Demandamos del estado unas política clara de salud pública para la atención de la pandemia. En buena hora tenemos la ley estatutaria de Salud y este es el mejor momento para iniciar su implementación. Invito a la comunidad colombiana y a todo el talento humano en salud a protegernos, queremos seguir cuidando de la salud de todos los colombianos.
Por: doctor Juan Useche