No es posible que se sigan presentando denuncias desde distintas partes del país por carencia de Elementos de Protección Personal, ni siquiera porque siguen muriendo trabajadores de la salud por cuidar a personas enfermas con COVID-19.
El doctor Manuel Barragán falleció y al parecer no será el último, pues tenemos información de que otra compañera, la enfermera Ana Cáceres, está gravemente enferma por la misma causa en la UCI del Hospital El Tunal. La muerte del Dr. Barragán y el estado crítico de Ana no pueden convertirse simplemente en otros casos más.
La Secretaría de Gobierno del Distrito emitió un comunicado en que amenaza con abrir proceso penal contra las IPS que incumplan con la entrega de elementos de protección personal a sus trabajadores de salud. El gobierno dictó un decreto en el mismo sentido, pero no lobhace cumplir por las ARL ni las EPS. Las denuncias sobre carencia de estos elementos no sólo persisten sino que aumentan. Y como si fuera poco, a quienes solicitan bioprotección se los despide, como lo hizo la Clínica Uros de Neiva contra una médica. ¿Qué esperan los indolentes? Por ahora serán reconocidos como enemigos de la seguridad y la vida, como las directivas de esa institución, o entes pasivos, por omisión, como las autoridades que dictan decretos pero nada hacen por que se cumplan.
Son en realidad una pantomima. Son normas de papel. Esperamos que más temprano que tarde respondan ante la justicia. Es hora de que todos los colombianos pensemos en que es necesario cambiar ya este aparato de extracción de dineros a la salud disfrazado de sistema de salud, por un verdadero sistema que prevenga la enfermedad y cultive la salud.
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