En medio de la emergencia sanitaria del país, las poblaciones dispersas viven la agudización de su crónica y difícil situación de abandono. Leticia es una de esas ciudades y está en estado muy crítico. Según han informado algunos medios y desde allí por vía telefónica varios trabajadores de la salud, la situación es dramática y el hospital San Rafael se encuentra en un deterioro alarmante y vergonzoso, con muchas áreas inundadas y sin condiciones adecuadas para atender a las personas. El primer contagio en Leticia se filtró hace ya un mes desde Tabatinga y hay mas de 230 infectados; según informe del periódico El Tiempo, el Hospital San Rafael está colapsado; fuentes del hospital han dicho que fue necesario desmontar la Unidad de Cuidado Intensivo para hacer la sala COVID y que hay casi 30 pacientes, entre sospechosos y positivos, mezclados con pacientes sin el virus y ya hay registro de contagios en Puerto Nariño.
Los trabajadores del Hospital sufren atropellos laborales y viven situaciones verdaderamente difíciles, pues siguen sin recibir elementos de protección personal y lo poco que ha llegado es insuficiente y de mala calidad. La Organización Panamericana de la Salud envió 4 médicos de apoyo, pero no atienden pacientes COVID-19 ni hacen turnos nocturnos y no trabajan la semana completa. Hay irregularidad en los pagos y se les ha exigido a médicos y otros profesionales que laboran en sitios diferentes al Hospital San Rafael, dejar esos trabajos o, de lo contrario, deben renunciar; además, tienen que permanecer allí 24 horas al día y 7 días a la semana. Cada día aumentan los trabajadores sintomáticos y no les hacen pruebas diagnósticas. Quienes tienen hijos menores han solicitado no trabajar con pacientes COVID y les han ignorado su petición. Además muchos de ellos llevan mas de 4 meses sin que les paguen. Todo esto sigue ocurriendo aún después de la reciente visita del ministro de salud y protección social a esa localidad.
Ante esta deplorable situación, las organizaciones firmantes instamos al gobierno nacional a que ejecute las acciones inmediatas y efectivas necesarias para resolver estas anomalías y evitar que empeoren trayendo mas sufrimiento prevenible.
No es posible que se sigan presentando denuncias desde distintas partes del país por carencia de Elementos de Protección Personal, ni siquiera porque siguen muriendo trabajadores de la salud por cuidar a personas enfermas con COVID-19. El doctor Manuel Barragán falleció y al parecer no será el último, pues tenemos información de que otra compañera, la enfermera Ana Cáceres, está gravemente enferma por la misma causa en la UCI del Hospital El Tunal. La muerte del Dr. Barragán y el estado crítico de Ana no pueden convertirse simplemente en otros casos más. La Secretaría de Gobierno del Distrito emitió un comunicado en que amenaza con abrir proceso penal contra las IPS que incumplan con la entrega de elementos de protección personal a sus trabajadores de salud. El gobierno dictó un decreto en el mismo sentido, pero no lobhace cumplir por las ARL ni las EPS. Las denuncias sobre carencia de estos elementos no sólo persisten sino que aumentan. Y como si fuera poco, a quienes solicitan bioprotección se los despide, como lo hizo la Clínica Uros de Neiva contra una médica. ¿Qué esperan los indolentes? Por ahora serán reconocidos como enemigos de la seguridad y la vida, como las directivas de esa institución, o entes pasivos, por omisión, como las autoridades que dictan decretos pero nada hacen por que se cumplan. Son en realidad una pantomima. Son normas de papel. Esperamos que más temprano que tarde respondan ante la justicia. Es hora de que todos los colombianos pensemos en que es necesario cambiar ya este aparato de extracción de dineros a la salud disfrazado de sistema de salud, por un verdadero sistema que prevenga la enfermedad y cultive la salud.
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Federación Médica Colombiana