Un llamado desde el departamento porque ya no se dispone de más recursos ante coronavirus.
Un enérgico llamado le hizo la gobernadora Clara Luz Roldán al Gobierno Nacional debido a que los recursos no están llegando a la red pública de salud, no obstante el compromiso que había de realizar el giro directo por los servicios a los hospitales y no a través de las Empresas Prestadoras de Salud.
“No vamos a poder asumir esta pandemia si el Gobierno nacional no entiende que nosotros hemos cubierto hasta donde hemos podido, pero de aquí para allá no tenemos cómo cubrir más, hemos gastado todos los recursos en hacer estas inversiones previas para estar preparados”, dijo la mandataria.
Actualmente, son 640.000 millones de pesos los que deben las EPS de régimen subsidiado y del régimen contributivo a la red hospitalaria por la prestación de servicios.
El director del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, dijo: “Lo primero es reconocer el esfuerzo que hace el gobierno departamental, garantizando los elementos de bioseguridad, sin ese apoyo hubiese sido imposible garantizar la seguridad de los trabajadores del hospital y de los pacientes”.
Además, Torres menciona lo siguiente: “El apoyo del Gobierno Nacional ha sido muy limitado; si no contamos con ese apoyo, será un tema muy complejo en los próximos días, incluso los recursos que el Gobierno aforó para el tema de pago de carteras no llegaron al Hospital Universitario del Valle, siendo la primera institución de salud del suroccidente colombiano”.
La Gobernación ha aportado $ 2.400 millones a la institución, se han garantizado el salario de los trabajadores, la alimentación de los pacientes y los insumos. Sin embargo, solicitan el apoyo del Gobierno Nacional para garantizar otras funcionalidades.
“Atender pacientes de covid-19 es de alto costo y requieren, en promedio, 10 días de hospitalización en unidades de cuidados intensivos”
La cartera de la institución está casi en $ 250.000 millones, “lo único que recibo es el pago de giro directo que no supera los $ 15.000 millones, es complejo cuando una operaciones está sobre los $ 20.000 millones”, anotó Torres.
La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lemes, dijo que el departamento del Valle en su república y tres organizaciones fundacionales les deben $ 640.000 millones, recursos que deben las EPS de régimen subsidiado y contributivo por prestación de servicios a la república hospitalaria dentro del departamento.
“Son recursos que esperamos nos giren rápidamente. Adicionalmente, esperamos que el Gobierno Nacional entregue el pago a cada uno de los pacientes atendidos. La Adres debe pagar directamente a la IPS, la cual prestó el servicio y no a través de la EPS, para que haya una fluidez de recursos económicos en medio de la pandemia”, señaló Lemes.
Adicionalmente, dijo que atender pacientes de covid-19 es de alto costo y ellos requieren, en promedio, 10 días de hospitalización en unidades de cuidados intensivos. “No soportamos no recibir el pago de modo oportuno. Se le ha solicitado al ministro que el pago que se va a hacer por canasta de cada paciente atendido sea un giro directo al prestador, para poder garantizar la continuidad de los servicios y poder garantizar a los vallecaucanos la atención con calidad que requieren”.
No es posible que se sigan presentando denuncias desde distintas partes del país por carencia de Elementos de Protección Personal, ni siquiera porque siguen muriendo trabajadores de la salud por cuidar a personas enfermas con COVID-19. El doctor Manuel Barragán falleció y al parecer no será el último, pues tenemos información de que otra compañera, la enfermera Ana Cáceres, está gravemente enferma por la misma causa en la UCI del Hospital El Tunal. La muerte del Dr. Barragán y el estado crítico de Ana no pueden convertirse simplemente en otros casos más. La Secretaría de Gobierno del Distrito emitió un comunicado en que amenaza con abrir proceso penal contra las IPS que incumplan con la entrega de elementos de protección personal a sus trabajadores de salud. El gobierno dictó un decreto en el mismo sentido, pero no lobhace cumplir por las ARL ni las EPS. Las denuncias sobre carencia de estos elementos no sólo persisten sino que aumentan. Y como si fuera poco, a quienes solicitan bioprotección se los despide, como lo hizo la Clínica Uros de Neiva contra una médica. ¿Qué esperan los indolentes? Por ahora serán reconocidos como enemigos de la seguridad y la vida, como las directivas de esa institución, o entes pasivos, por omisión, como las autoridades que dictan decretos pero nada hacen por que se cumplan. Son en realidad una pantomima. Son normas de papel. Esperamos que más temprano que tarde respondan ante la justicia. Es hora de que todos los colombianos pensemos en que es necesario cambiar ya este aparato de extracción de dineros a la salud disfrazado de sistema de salud, por un verdadero sistema que prevenga la enfermedad y cultive la salud.
No es posible que se sigan presentando denuncias desde distintas partes del país por carencia de Elementos de Protección Personal, ni siquiera porque siguen muriendo trabajadores de la salud por cuidar a personas enfermas con COVID-19. El doctor Manuel Barragán falleció y al parecer no será el último, pues tenemos información de que otra compañera, la enfermera Ana Cáceres, está gravemente enferma por la misma causa en la UCI del Hospital El Tunal. La muerte del Dr. Barragán y el estado crítico de Ana no pueden convertirse simplemente en otros casos más. La Secretaría de Gobierno del Distrito emitió un comunicado en que amenaza con abrir proceso penal contra las IPS que incumplan con la entrega de elementos de protección personal a sus trabajadores de salud. El gobierno dictó un decreto en el mismo sentido, pero no lobhace cumplir por las ARL ni las EPS. Las denuncias sobre carencia de estos elementos no sólo persisten sino que aumentan. Y como si fuera poco, a quienes solicitan bioprotección se los despide, como lo hizo la Clínica Uros de Neiva contra una médica. ¿Qué esperan los indolentes? Por ahora serán reconocidos como enemigos de la seguridad y la vida, como las directivas de esa institución, o entes pasivos, por omisión, como las autoridades que dictan decretos pero nada hacen por que se cumplan. Son en realidad una pantomima. Son normas de papel. Esperamos que más temprano que tarde respondan ante la justicia. Es hora de que todos los colombianos pensemos en que es necesario cambiar ya este aparato de extracción de dineros a la salud disfrazado de sistema de salud, por un verdadero sistema que prevenga la enfermedad y cultive la salud.
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TOMADO DE: el tiempo.com